En Guatemala, una ola de violencia que dejó ocho agentes de la Policía Nacional Civil muertos y disturbios en varias cárceles llevó al gobierno a decretar un estado de sitio, con impacto directo en la seguridad y la vida cotidiana de la población.
El decreto presidencial establece una medida por 30 días que permite a las autoridades arrestar y detener personas sin orden judicial, según informó el Ejecutivo.
Las muertes de los policías se produjeron, según el gobierno, como represalia tras la recuperación del control de tres prisiones donde se habían registrado motines.
Entre las cárceles afectadas estuvo la llamada Renovación I, donde reos tomaron rehenes y denunciaron condiciones deficientes, además de hacer llamados a la rebelión contra las autoridades.
El Estado retomó por la fuerza el control de Renovación I y liberó a los rehenes; horas después se registraron ataques armados coordinados en distintos puntos de la capital que terminaron con la muerte de los agentes.
La Policía informó que fue «neutralizado» un cabecilla atribuido a la pandilla Barrio 18, señalado como promotor del motín y uno de los dirigentes trasladados previamente a la prisión de alta seguridad.
Esos traslados se efectuaron tras una serie de violentos episodios entre pandillas, incluidos asesinatos en un velorio que elevaron la tensión entre estructuras criminales rivales.
Como consecuencia de los ataques, las clases fueron suspendidas para la jornada siguiente en los sectores público y privado, mientras el gobierno afirmó que espera mantener la normalidad en la rutina de la población.
El estallido de violencia llega en un momento de relevancia institucional, con la próxima renovación de la Fiscalía General y de la Corte de Constitucionalidad, procesos que según el presidente enfrentan oposición de grupos vinculados a la corrupción.
Analistas consultados señalan que la nueva oleada de violencia podría buscar generar caos para frenar o entorpecer los cambios en las autoridades judiciales previstos por la ley.
