En Veracruz, la organización Propuesta Cívica responsabilizó al Estado por la “negligencia institucional” que, a su juicio, propició el homicidio del periodista Carlos Castro en un establecimiento de comida de Poza Rica. La ONG vinculó el caso con fallos en los mecanismos de protección a la prensa operados por autoridades estatales.
Propuesta Cívica afirmó que retirar sin justificación razonable las medidas de protección fue un “fallo catastrófico”, dado que Castro había sido inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas tras recibir amenazas vinculadas a su labor informativa. Según la organización, esa inscripción otorgó a Castro medidas diseñadas para salvaguardar su integridad.
La entidad sostuvo que este hecho no es un crimen aislado sino resultado de una desprotección sistemática de periodistas y de la falta de mecanismos expeditos para reactivar las medidas de protección cuando el riesgo persiste. Añadió que durante varios meses el comunicador utilizó activamente los recursos asignados, incluidos el botón de pánico, sistemas de seguridad personalizados y acompañamiento especializado.
Propuesta Cívica indicó que las amenazas habían obligado a Castro a abandonar temporalmente Poza Rica para proteger su integridad física y consideró grave que las medidas no se reactivaran cuando regresó a la localidad. La Secretaría de Gobernación respondió que la reactivación requería la presentación de una solicitud formal por parte del beneficiario.
La organización calificó esa exigencia burocrática como una omisión inexcusable en un contexto de amenazas demostradas y exigió que los mecanismos de protección sean expeditos, eficaces y permanentes durante el período de riesgo. Además hizo un llamado a la gobernadora de Veracruz, a los órganos autónomos estatales y a las autoridades competentes para realizar una auditoría inmediata del Mecanismo de Protección para Periodistas y reformular sus protocolos de reactivación, eliminando requisitos administrativos que retrasen la protección.
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa también han pedido al gobierno atender la crisis de violencia contra la prensa, en un país que recientemente fue calificado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. En Veracruz, según registros citados por colectivos y organizaciones, se han documentado 31 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones.
Carlos Castro, director del portal digital Código Norte Veracruz, fue atacado por sujetos armados y recibió al menos 16 impactos de bala; hasta el momento no se ha informado de detenciones relacionadas con el homicidio.
