Un informe de la organización Signos Vitales advirtió sobre retrocesos en distintos ámbitos del país y subrayó la relevancia de estos problemas para la población mexicana, al evaluar el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El documento apunta a impactos directos en seguridad, gobernabilidad y condiciones sociales que afectan la vida cotidiana.
El reporte señala que las desapariciones aumentaron un 18% en el primer semestre, con 7,399 nuevos casos registrados en ese periodo, y advierte que México acumula más de 13,000 reportes en el registro nacional. La ONG también reporta que la extorsión alcanzó su nivel histórico más alto, con un incremento del 6.9%.
Signos Vitales alerta sobre la penetración del crimen organizado en circuitos del Estado, un fenómeno que califica como «narcogobierno», y denuncia la existencia de esquemas criminal-económicos y tolerancia o complicidad institucional, citando como ejemplo un entramado de contrabando de combustible en el que estarían implicados altos mandos de la Marina.
En términos generales, el informe sostiene que existe una consolidación estructural de un modelo caracterizado por la concentración de poder, el debilitamiento de contrapesos y la expansión del gasto sin un rediseño institucional que garantice controles efectivos.
En materia de gobernanza, el estudio destaca un mayor control del oficialismo sobre las instituciones: la coalición gobernante aprobó el 95.2% de las 42 iniciativas presentadas por el Ejecutivo, mientras que solo se aprobó el 2% de más de 2,000 propuestas de legisladores en el periodo analizado.
La ONG advierte del debilitamiento de organismos autónomos y de una reducción de la transparencia, y señala que tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) las quejas por acceso a la información cayeron de 39,081 a 15,828 en el lapso revisado.
También se subraya la creciente participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y proyectos estratégicos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 450 quejas contra la Defensa Nacional y 387 contra la Guardia Nacional, pero solo emitió una recomendación general según el informe.
En materia social, Signos Vitales sostiene que la cohesión y la reducción de la desigualdad no pueden construirse únicamente con transferencias monetarias ni políticas fragmentadas; el documento apunta que el 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, 33 millones de personas no obtienen ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria y 61% carece de seguridad social.
Pese al aumento del gasto social —que la ONG sitúa por encima de un billón de pesos—, el informe concluye que la cobertura para los sectores más vulnerables ha retrocedido y estima que 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud.
En el ámbito económico, el reporte advierte que el bajo crecimiento se ha vuelto una condición estructural: en el periodo analizado la economía creció apenas 0.12%, el PIB per cápita registró una caída del 0.34% y la inversión total retrocedió 7.2%. La creación de empleo formal se desaceleró, con 36,300 nuevos puestos registrados en el periodo, mientras el número de empleadores cayó 4.5%.
