En México, la propuesta de reforma electoral y el anuncio de un «plan B» por parte de la presidenta generaron rechazo entre las bancadas opositoras del Senado, que advirtieron riesgos para la competencia política y el financiamiento de los partidos.
La jefa del Ejecutivo dijo disponer de un plan alterno si los legisladores no aprueban la reforma constitucional presentada, y dirigentes opositores interpretaron que se trataría de una reforma legal para reducir el financiamiento a los partidos y someter a votación las diputaciones plurinominales.
El coordinador del PAN en el Senado señaló que ese supuesto plan B podría consistir en reformas legales contrarias a la Constitución con la expectativa de que la Suprema Corte las valide, y calificó la posibilidad como propia de una concentración de poder.
El PAN también anunció su voto en contra de la iniciativa, al señalar que el texto no contempla la pérdida de registro para partidos o candidatos que reciban financiamiento del crimen organizado.
El coordinador de Morena en el Senado afirmó que será la propia presidenta quien presente ese plan alterno y sostuvo que, en su opinión, se trataría de reformas constitucionales semejantes a la propuesta actual.
El senador del PVEM reconoció que el método planteado para asignar diputaciones plurinominales perjudicaría la presencia territorial y las posibilidades de su partido, y defendió que las listas de representación permitan a las fuerzas políticas proponer a quienes consideren deben representarlas.
El coordinador del PRI confirmó que su bancada votará en contra de la reforma y la calificó como un retroceso para la democracia, al advertir que implicaría un intento de control de los procesos electorales por parte de la fuerza gobernante.
