En México, el concepto de «sueldo competitivo» podría estar en vías de extinción. Actualmente, el Senado evalúa una reforma a la Ley Federal del Trabajo que obligaría a todas las empresas a detallar el monto o rango salarial exacto en sus ofertas laborales. Aquellas que incumplan esta disposición enfrentarían sanciones que podrían alcanzar los 565,700 pesos, cifra que corresponde a 5,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa, promovida por miembros de una bancada del PRI, tiene como objetivo reducir la falta de transparencia en las ofertas de empleo y combatir problemas como la precarización laboral y el reclutamiento ilícito. Se argumenta que la confusión en la información salarial puede perpetuar condiciones laborales desfavorables y facilitar la creación de vacantes falsas que explotan a jóvenes en situaciones económicas vulnerables.
De aprobarse, se adicionaría un nuevo artículo a la ley, estableciendo que los anuncios de empleo deben incluir tres elementos clave: el monto o rango total del salario, una descripción precisa de las actividades y responsabilidades requeridas, y el tipo de relación laboral, señalando si existe algún periodo de prueba o capacitación inicial. Además, la autoridad laboral tendrá la facultad de requerir la corrección o eliminación inmediata de anuncios que sean engañosos o incompletos. Las multas por omitir o falsificar información oscilan entre 28,000 y 565,000 pesos, considerando que cada UMA equivaldrá a 113.14 pesos diarios en 2025.
La propuesta busca proporcionar mayor certeza jurídica y económica a los trabajadores y fomentar la responsabilidad entre los empleadores. La falta de transparencia salarial ha permitido que se generalicen términos vagos como «sueldo competitivo» o «a convenir», lo que dificulta a los solicitantes realizar comparaciones efectivas entre ofertas laborales y oculta discrepancias salariales, especialmente por género y ubicación.
Del mismo modo, la reforma procuraría asegurar la igualdad salarial desde el inicio del proceso de reclutamiento, obligando a las empresas a especificar los rangos salariales en todas las convocatorias. Según la iniciativa, esto sería un paso importante para eliminar la discriminación en la contratación.
La práctica de omitir el salario en las vacantes es habitual en el país. Se estima que más del 50% de los trabajadores formales reciben menos de 12,500 pesos mensuales, y aproximadamente 12 millones de empleados carecen de derechos laborales básicos, como aguinaldo y vacaciones pagadas. Esta reforma no sólo es una medida laboral, sino también un esfuerzo social para proteger a la población de prácticas que perpetúan el abuso y la precariedad.
México figura entre los países con mayor desigualdad salarial. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ocupa el lugar 119 de 146 en el Índice Global de Brecha de Género, y se reporta que las mujeres ganan en promedio un 15% menos que los hombres en posiciones similares. Avanzar hacia una mayor transparencia salarial se considera vital para reducir estas brechas y mejorar la competitividad del país. Entre las recomendaciones del IMCO están la medición y publicación de brechas salariales, la creación de tabuladores salariales y la implementación de auditorías externas para justificar las diferencias en los pagos.
Finalmente, las empresas que optan por la transparencia salarial suelen ver mejoras en su reputación, logran atraer más talento y disminuyen la posibilidad de conflictos laborales. La experiencia en países como el Reino Unido sugiere que estas medidas pueden reducir la brecha salarial en hasta cinco puntos porcentuales.
