En contraste con la reforma judicial en discusión en el Senado, la Ministra Norma Piña ha presentado una alternativa que incluye varias propuestas significativas. Estas propuestas abarcan la Ley Nacional de Carrera Judicial, un aumento en el presupuesto para los poderes judiciales estatales y políticas orientadas a la «desmilitarización». El 8 de septiembre, Piña dio a conocer una propuesta alternativa para la reforma judicial. El proyecto sugiere la Ley Nacional de Carrera Judicial, más fondos para los poderes judiciales locales, y eliminar figuras como la prisión preventiva oficiosa.
Documentos Clave de la Propuesta de Piña
La propuesta de Piña se detalla en dos documentos. El primero, «Reforma Integral al Sistema de Justicia en México, Desafíos y Propuestas», analiza los problemas actuales y propone soluciones. El segundo, «La Reforma al Poder Judicial en Voz de la Judicatura», compila las inquietudes y recomendaciones del Consejo de la Judicatura Federal respecto a la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Comparativa con la Reforma del Presidente López Obrador
Enfoque en la Carrera Judicial
El diagnóstico del documento de Piña señala que la designación de jueces y magistrados en México varía considerablemente y frecuentemente se basa en criterios políticos. Propone una Ley Nacional de Carrera Judicial para estandarizar los procesos de promoción en el sistema judicial.
En contraste, la propuesta del presidente López Obrador busca que los cargos judiciales federales se elijan por voto popular. Para los poderes judiciales locales, la reforma sugiere que los estados modifiquen sus constituciones para permitir elecciones de jueces y magistrados.
Presupuesto y Recursos para Poderes Judiciales Locales
Piña propone un aumento en el número de jueces y tribunales para garantizar una justicia eficiente. También sugiere que el presupuesto de los poderes judiciales estatales sea igual o superior al del año anterior, representando al menos el 2.5% del presupuesto estatal.
La reforma de López Obrador no propone cambios en la distribución del presupuesto para poderes judiciales estatales. Sin embargo, establece que el Poder Judicial Federal no podrá crear ni mantener fondos o fideicomisos no previstos en la ley.
Transparencia y Autoridad Independiente
El diagnóstico de Piña destaca que el Consejo de la Judicatura Federal ha tenido dificultades para erradicar prácticas de corrupción y nepotismo. Se sugiere una reforma para asegurar que los procedimientos disciplinarios sean gestionados por una autoridad independiente y que las sanciones sean públicas.
La reforma de López Obrador pretende reemplazar el Consejo de la Judicatura con un Tribunal de Disciplina Judicial elegido por voto popular, lo que podría afectar la imparcialidad.
Revisión de la Seguridad Pública
La alternativa de Piña incluye propuestas para enfrentar delitos graves como homicidios y feminicidios. Se sugiere derogar figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. También propone un mecanismo nacional de certificación para instituciones policiales y una Ley General de Defensorías Públicas para fortalecer la autonomía y aumentar el personal.
Este enfoque contrasta con la administración de López Obrador, que ha promovido un mando militar para la Guardia Nacional y ha extendido la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
