En la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la devolución de camionetas de lujo adquiridas recientemente, tras la controversia por su elevado costo y en congruencia con el principio de austeridad que promueven sus integrantes. La medida busca responder a la preocupación pública sobre el uso de recursos institucionales.
El presidente del tribunal, Hugo Aguilar, explicó que la austeridad es una política administrativa responsable y no un gesto simbólico, y que debe ejercerse sin poner en riesgo la seguridad institucional ni la operación del Estado. Señaló que la decisión de devolver los vehículos se tomó con base en ese criterio.
Aguilar añadió que las camionetas podrán reasignarse a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, mientras que en el caso de los nueve ministros de la Corte no existen riesgos de seguridad que justifiquen su uso. Aseguró que prescindir de esos vehículos no afectará el funcionamiento del máximo tribunal.
El presidente enfatizó que la seguridad pública no debe implicar lujo y que las medidas se aplican con la premisa de «servir al pueblo con el mínimo necesario», sin que ello signifique el colapso de las labores institucionales. En la conferencia no estuvieron presentes tres ministras que integran la actual conformación del pleno.
La decisión se da después de críticas por la compra de camionetas para los nuevos integrantes del tribunal, cada una valuada en alrededor de 1,7 millones de pesos, sin considerar blindaje. Esa adquisición generó cuestionamientos por el costo unitario y por el contexto de austeridad proclamado por la Corte.
El pleno optó por utilizar nueve camionetas Jeep de modelos anteriores para evitar el uso de 30 Suburban heredadas de la integración previa, describiendo a estas últimas como ostentosas. Según las autoridades, varios vehículos presentaban desgaste y fallas mecánicas que motivaron una estrategia de renovación.
Se informó que en el proceso de renovación se adquirieron un total de 39 vehículos, cuatro de los cuales ya habían sido comprados por integrantes de la integración anterior, y que se desincorporaron otras 21 unidades por su deterioro. Las explicaciones técnicas apuntaron a problemas en sistemas de tracción y motores.
El presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas, estimó que, tras un análisis del ejercicio presupuestal, la Corte podrá generar un ahorro cercano a 1.000 millones de pesos en un periodo de dos años, como resultado de las medidas de racionalización del parque vehicular y otras acciones administrativas.
