Marycarmen Soria
Hoy a 12 años de que en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, muchos vivimos un trago amargo, al enterarnos de que Caja Progresa dejó de pagar los intereses del dinero invertido, nos invadió la incertidumbre, el temor, el coraje, nadie nos daba una explicación seria de lo que sucedía.
En la caja nos decían que había que esperar, que no podían darnos dinero, pero solo eso; muchos años después en el 2014 empezamos un grupo a reunirnos en las instalaciones de CEDESA con la asesoría del abogado Mario Herrera de la Ciudad de México, quien nos informó que existía un fideicomiso llamado FIPAGO, que rescataba a los ahorradores de cajas en clasificación D, como Caja Progresa. Pero al ir creciendo la audiencia, en CEDESA nos manifestaron que temían alguna represalia si seguían haciéndose las reuniones ahí, motivo por el cual nos cambiamos al Centro Cívico, pero el abogado manifestó a un grupo de socios que él también fue amenazado, por lo que ya no regresó.
En 2015 asumo la representación del movimiento y empezamos un largo camino de solicitar audiencia y apoyo de autoridades municipales, estatales y federales, de buscar abogados que quisieran tomar el caso y realizar la denuncia ante el Ministerio Público, ya que también en ese momento estaba por estrenarse el nuevo sistema de justicia oral, y este era un requisito para acceder a FIPAGO.
Meses tardamos en que quisieran recibir nuestras denuncias, y nos mandaban del Ministerio Público Local al Federal y viceversa; fue hasta que cerramos el Ministerio Público de Dolores, que nos hicieron caso. El maltrato e indiferencia de varios funcionarios públicos hizo más difícil este caminar por las oficinas de gobierno, aunado a la decisión del Presidente de la República y de la votación de todos los diputados y Senadores de Morena por desaparecer los fideicomisos, entre ellos FIPAGO, que quedamos en un estado de indefensión.
Por fin, el 30 de agosto del 2019, después de tres años de juicio, se emitió la sentencia de 895 hojas, contra la exdirectora de la Caja Progresa por el delito de administración fraudulenta, después de agotar todas las instancias jurídicas, complicándose por las demoras que origina la pandemia del COVID, otros tres años, en este agosto del 2022, por fin se puede decir que se acabó este proceso y queda firme la sentencia de 10 años de cárcel y a el pago de más de 103 millones de pesos.
Ha sido un largo camino donde todos hemos pasado por muchas cosas, y es necesario dar un cierre digno, a un tema que nos duele y nos ha marcado a muchos, necesitamos saber en qué condiciones se concluye este proceso y por ello, aprovecho para invitarlos a la reunión que se llevará a cabo este viernes 2 de septiembre, a las 13:00 horas en un salón ubicado en la calle Chiapas 21 A, en el centro de esta ciudad de Dolores Hidalgo, estarán los abogados y el Dip. Benjamín Robles de Oaxaca.
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