En la Cámara de Diputados se presentará una iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta que modifica la organización de los comicios y el financiamiento de los partidos, y que será sometida a discusión y votación en el pleno en las próximas sesiones.
La propuesta altera once artículos constitucionales y su aprobación en el pleno requerirá el respaldo de dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación.
Hasta ahora la iniciativa cuenta únicamente con el respaldo de los 253 diputados de Morena, quienes han anunciado apoyo en bloque, mientras que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo se han pronunciado en contra.
Morena no dispone, por tanto, de los 111 votos que aportarían sus aliados —62 del PVEM y 49 del PT— y enfrenta además la negativa de la oposición para aprobar la reforma.
Entre los puntos controversiales se mantiene la propuesta de elegir 200 diputaciones por representación proporcional y un recorte en las prerrogativas públicas de los partidos, que pasaría de 65% a 48.75% del valor de la Unidad de Medida y Actualización multiplicado por el número de ciudadanos inscritos.
La iniciativa plantea que el 30% de los recursos resultantes se repartiría de forma igualitaria entre los partidos y el 70% restante conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior, fórmula que ha sido objetada por el PVEM y el PT, que proponen recortes iguales para todos sin ponderar la votación.
El proyecto establece la conformación de cinco circunscripciones electorales para la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional, con paridad de género en las postulaciones y alternancia en el encabezamiento de las listas entre mujeres y hombres.
Se prevé que cien de esas diputaciones se asignen a partir de candidatos que no ganaron en su distrito pero obtuvieron los mejores porcentajes de votación dentro de su partido, y cien por votación directa en cinco circunscripciones regionales, incluyendo la integración de representaciones electas por mexicanos residentes en el extranjero.
En materia de senadores, la iniciativa propone integrar la Cámara de Senadores con 96 escaños, lo que implicaría la eliminación de 32 senadurías de representación proporcional, una por cada entidad federativa.
El texto exige a las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera coordinarse con la autoridad electoral nacional para aportar información relevante sobre registros de candidaturas que contribuya a salvaguardar la integridad del proceso electoral.
Respecto al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, la iniciativa contempla un rediseño de su estructura y organización, sin detallar montos de recorte, pues éstos se determinarían a partir del presupuesto de egresos.
