El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a varias instituciones financieras mexicanas, incluyendo a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco, por su presunta implicación en actividades de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. En respuesta a estas acusaciones, la presidenta del país ha defendido la integridad de estas entidades, afirmando que hasta el momento no se han presentado evidencias concretas que respalden tales acusaciones.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que la información trasladada por el Departamento del Tesoro se basa principalmente en transferencias realizadas con empresas chinas legalmente constituidas, llevadas a cabo a través de las instituciones implicadas. En ese sentido, manifestó que «si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad»; no obstante, reiteró que hasta ahora no se ha recibido ningún dato que indique la existencia de lavado de dinero.
El Gobierno mexicano ha solicitado formalmente al Departamento del Tesoro que se proporcione información adicional que permita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores verificar los vínculos mencionados. La información disponible hasta el momento solo menciona transferencias electrónicas legítimas entre empresas chinas y más de 300 empresas mexicanas. Cabe destacar que las relaciones comerciales entre México y China superan los 139 mil millones de dólares anuales.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado una revisión a las instituciones señaladas, que ha identificado problemas administrativos sancionados con multas que suman un total de 134 millones de pesos. La presidenta destacó que existe una coordinación con las autoridades estadounidenses, pero enfatizó la soberanía de México, indicando que el país no se somete a ninguna nación y que la relación es equitativa.
En otro contexto, el Senado de la República aprobó un dictamen que busca fortalecer la prevención del lavado de dinero y otros recursos ilícitos dentro del sistema financiero nacional. Esta propuesta, que incluye modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incorpora nuevas actividades vulnerables y establece obligaciones específicas para notarios y corredores públicos en la lucha contra el lavado de dinero.
La reforma propone mejorar la coordinación entre diversas autoridades para un combate más eficaz contra este tipo de delitos, así como proporcionar definiciones más claras de términos significativos en la materia.
