La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha respaldado el cierre de una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con la denominada «operación acordeón», que supuestamente intentó influir en la elección judicial del 1 de junio. Esta investigación había derivado en acusaciones sobre la participación de Morena y el gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen fue aprobado por los magistrados Mónica Soto, presidenta del TEPJF, así como por Alfredo Fuentes, Felipe de la Mata y Janine Otálora, mientras que el magistrado Reyes Rodríguez emitió su voto en contra.
La organización civil Proyecto y Justicia Común había impugnado un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que desechaba la queja en contra de Morena y varias servidoras públicas. La queja se centraba en la elaboración y distribución de documentos conocidos como acordeones, alegando que estos actos configuraban la inducción y coacción del voto, así como el uso indebido de recursos públicos y la vulneración del principio de equidad en la contienda electoral.
El Tribunal determinó que el INE realizó un análisis preliminar objetivo, concluyendo que no habían indicios suficientes para iniciar un procedimiento especial sancionador. Se observó que la organización recurrente no presentó detalles específicos sobre el modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados.
Proyecto y Justicia Común argumentó que la «operación acordeón» fue implementada desde la Secretaría de Bienestar del gobierno capitalino, con la complicidad de Morena y de legisladores federales y locales de esa agrupación. Según la organización, se habían contratado a personas para la distribución de estos documentos, a quienes se les pagaron 8,000 pesos mediante cheques expedidos por Banca Afirme, a través de la Tesorería del gobierno de la Ciudad de México.
El magistrado Reyes Rodríguez criticó la falta de diligencia del INE en su investigación preliminar y destacó que se imponían barreras desproporcionadas a los ciudadanos que, a través de Proyecto y Justicia Común, habían presentado elementos sustentados en publicaciones periodísticas.
Por su parte, el magistrado Alfredo Fuentes afirmó que las notas de prensa deben ir acompañadas de pruebas adicionales que permitan identificar concretamente los modos, tiempos y lugares de los hechos denunciados. Aseguró que las autoridades no pueden actuar basándose únicamente en rumores o conjeturas, sino que requieren de evidencia concreta para fundamentar sus decisiones.
