La sanción impuesta por el Tribunal Electoral a un dirigente de la organización Defensorxs AC ha encendido la preocupación entre periodistas y activistas locales, al obligar a emitir una disculpa pública por difundir información sobre la trayectoria profesional de una jueza que ya había sido hecha pública en un documental. El caso se percibe como un ejemplo de cómo decisiones jurisdiccionales pueden afectar la labor informativa y el derecho a la libre expresión en distintas entidades del país.
El presidente de Defensorxs AC fue sancionado por publicar en redes sociales que la jueza Silvia Rocío Delgado había ejercido como abogada de un delincuente conocido, información que la propia jueza habría revelado en un documental. El Tribunal determinó que debía ofrecer una disculpa pública reconociendo que sus expresiones constituyeron violencia política de género en su contra.
El texto que la autoridad ordenó publicar incluye una fórmula específica que el activista se negó a aceptar. El dirigente anunció que no acatará la disposición, que no eliminará las publicaciones y que intensificará su trabajo para exponer la presencia de la narcopolítica.
Organizaciones internacionales y defensoras de la libertad de expresión han documentado un aumento de acciones legales dirigidas a periodistas y medios por parte de autoridades y actores políticos. Una organización especializada registró decenas de denuncias promovidas por funcionarios o políticos contra periodistas y medios en un periodo reciente, lo que señala una tendencia de acoso judicial.
El informe sostiene que la figura jurídica de «Violencia Política en Razón de Género» ha sido empleada en múltiples ocasiones por autoridades y jueces para impulsar procesos contra comunicadores, y documenta numerosos casos de denuncias y medidas legales en su contra. También se reportan acciones similares iniciadas por la misma jueza contra otros medios, como una radiodifusora de Aguascalientes.
Periodistas afectados relatan presión y autocensura en distintos estados, y algunos comunicadores denuncian detenciones y acusaciones graves que, según ellos, buscan intimidar a la profesión. En uno de los casos citados, un reportero fue detenido y acusado de delitos graves por una fiscalía estatal, lo que generó denuncias de instrumentalización legal para inhibir la crítica.
En Campeche se registran cierres de medios y agresiones a comunicadores desde cambios en el gobierno local, con periodistas que señalan detenciones y procesos por delitos como violencia política de género e incitación al odio. Denuncias públicas apuntan a la concentración de poder en el Ejecutivo estatal y al uso de instancias judiciales y fiscales para hostigar a la prensa.
Entre las entidades con mayor número de casos reportados figuran Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Campeche, Puebla y Oaxaca, según el registro de la organización. Sus cifras son usadas para advertir sobre un patrón de uso de herramientas legales contra la libertad de expresión.
La organización defensora de periodistas concluye que cambios recientes en la estructura del poder judicial han facilitado la alineación de jueces y fiscales y que, en la práctica, estas reformas han redundado en un mayor control sobre la información pública y en un clima de presión contra quienes investigan temas sensibles.
