La creación de una nueva «Junta de Paz» por parte del presidente de Estados Unidos tiene repercusiones directas para varios países que han sido invitados a integrarla, entre ellos Argentina, Paraguay y Turquía, y busca supervisar la aplicación del plan para Gaza y la administración transitoria de la Franja. El anuncio sitúa a la iniciativa en el centro de la gestión internacional del conflicto entre Israel y Hamás y plantea interrogantes sobre su impacto en la política exterior de los Estados invitados.
La Casa Blanca impulsa este órgano para fiscalizar el cumplimiento de un plan de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás y para supervisar un gobierno transitorio en Gaza; según medios, la propuesta habría recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque existen advertencias sobre su posible solapamiento con la labor de Naciones Unidas. Críticos temen que la Junta actúe como un organismo paralelo que refuerce intereses específicos.
La Junta Ejecutiva estará presidida por el propio mandatario estadounidense y, según la lista difundida, incluye al secretario de Estado Marco Rubio; al enviado especial para Gaza Steve Witkoff; al yerno del presidente, Jared Kushner; al ex primer ministro británico Tony Blair; al empresario Marc Rowan; al asesor Roberto Gabriel; y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Además, la Casa Blanca ha invitado a varios países a ser miembros fundadores.
Entre los líderes que han recibido invitaciones se encuentran los presidentes de Argentina y Paraguay, así como el presidente de Turquía; también han sido citados otros mandatarios de la región y del mundo que podrían sumarse al organismo. La nómina oficial de participantes y el alcance exacto de la adhesión permanecen sujetos a confirmación por los gobiernos involucrados.
Según borradores consultados por la prensa, los Estados que deseen incorporarse deberán abonar una cuota de membresía de mil millones de dólares, sin que el documento detalle el destino de esos fondos; el mismo borrador establece un mandato de tres años para los miembros, renovable a discreción estadounidense, si bien quienes aporten más de esa cifra en el primer año quedarían exentos del plazo trienal.
El esquema de decisión presenta al presidente estadounidense como figura central: será el presidente inaugural y tendría la facultad de aprobar qué Estados forman parte del grupo y de validar las decisiones colectivas, lo que concentra autoridad en la presidencia del órgano según los términos señalados. Ese diseño ha generado objeciones sobre la distribución de poder en la nueva estructura.
La iniciativa coincide con el anuncio de la fase dos del plan para Gaza, que prevé la formación de un gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás; para esa administración temporal se menciona un Comité Nacional para la Administración de Gaza presidido por Ali Shaaz y compuesto por otros 15 miembros, y el presidente de Estados Unidos ha prometido ampliar información en su intervención prevista en foros internacionales.
Organismos y gobiernos han reaccionado con reservas: la relatora especial de la ONU para Palestina ha cuestionado la legalidad del organismo y lo ha calificado como un intento de imponer intereses mediante la amenaza de la fuerza, mientras que algunos aliados han expresado su rechazo o advertido sobre el riesgo de socavar el papel del Consejo de Seguridad. Otros actores prefieren esperar a conocer el funcionamiento real de la Junta antes de emitir juicios definitivos.
Por ahora, la Casa Blanca ha difundido únicamente un comunicado con los nombres de la Junta Ejecutiva y no ha facilitado detalles adicionales sobre la operativa, la financiación o el calendario de trabajo del nuevo órgano.
