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En Morena Guanajuato, el discurso de unidad suele esconder decisiones que castigan a los municipios. El caso de Abasolo es ilustrativo: mientras la bancada morenista en el Congreso negó presupuesto y endeudamiento al municipio, el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, ahora intenta construir una narrativa de respaldo político al alcalde Job Gallardo Santellano a través de una publicación en redes sociales.
El problema es de fondo y de forma. En los hechos, Morena le cerró la llave de los recursos a Abasolo; en el discurso, Garibay presume que “construyen puentes”. La incongruencia es evidente.
Más aún, el mensaje publicado por Ramírez Garibay no fue replicado por Job Gallardo en ninguna de sus redes sociales. El alcalde no subió la fotografía, no compartió el posicionamiento y no se prestó al juego político de simulación, manteniendo una postura institucional y prudente frente a un conflicto que él no provocó.
Fuentes políticas señalan que el enojo de Garibay no se originó en una supuesta división interna, sino en algo mucho más revelador: que Job Gallardo hablara bien y reconociera el respaldo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, rompiendo el guion de confrontación permanente que algunos sectores de Morena Guanajuato intentan imponer.
La reacción fue inmediata: primero el castigo presupuestal, luego la descalificación pública, y ahora el intento de recomponer la imagen con una foto y un texto cargado de retórica partidista. Pero los votos en el Congreso pesan más que cualquier publicación en Facebook.
Este episodio exhibe nuevamente el papel de Jesús Ramírez Garibay como secretario general de Morena Guanajuato: un operador político más preocupado por controlar narrativas y disciplinar a alcaldes que por defender a los municipios que dice representar. Cuando Abasolo necesitó recursos, no hubo respaldo; cuando hubo una fotografía, apareció el discurso.
Morena Guanajuato vuelve a mostrar su peor rostro: la política del castigo interno, la simulación pública y la incongruencia entre lo que se dice y lo que se vota. Y en medio de ese juego, los municipios pagan el costo.
