En Morelia, la Fiscalía destruyó 803 máquinas tragamonedas cuya operación representaba un problema de seguridad pública y económico para municipios del estado. La acción se llevó a cabo en el estacionamiento del Estadio Morelos como parte de una intervención contra estos dispositivos.
El fiscal Carlos Torres Piña señaló que cada máquina genera entre 10 mil y 14 mil pesos mensuales para las organizaciones criminales, por lo que calificó a los llamados mini casinos como una fuente importante de financiamiento. Calculó que la ganancia total por estas máquinas podría superar los nueve millones de pesos al mes.
Según el fiscal, en algunos casos los propietarios de los establecimientos son obligados a instalar las máquinas, mientras que en otros lo hacen de forma voluntaria; donde proliferan estos aparatos suele también registrarse la venta de droga. Indicó además que el año pasado se registró un periodo con varios homicidios vinculados a este negocio ilícito en municipios como Jacona, Zamora, Uruapan, Apatzingán y Morelia, en este último relacionados con los establecimientos conocidos como “cahimbas” en la salida a Salamanca.
La Fiscalía aseguró que estas operaciones no cuentan con permisos ni amparos bajo una ley federal que autorice su funcionamiento, y que los aparatos no tienen derechos legales de importación ni de uso. Añadió que los operadores se apoyan en la debilidad de los reglamentos municipales y en la dificultad que tienen las autoridades locales para enfrentarlos por la presencia de la delincuencia organizada.
Se informó que las incautaciones continuarán; en los últimos años la dependencia ha asegurado más de tres mil máquinas en acciones coordinadas entre diversas áreas de seguridad y otras instancias como el SAT.
