Más de trescientos setenta investigadores de treinta países, entre ellos 24 vinculados a universidades y centros de investigación en España, han reclamado cautela ante la implantación de tecnologías para verificar la edad en servicios en línea, advirtiendo de su impacto potencial en usuarios, empresas y políticas públicas locales. La petición subraya la relevancia para el país dado el número de firmantes y la presencia de expertos nacionales que participan en el debate.
Los firmantes han difundido una carta abierta en la que piden una moratoria en el despliegue a gran escala de sistemas de verificación de edad hasta que exista consenso científico sobre su eficacia y sus efectos en seguridad, privacidad, igualdad y libertades fundamentales. Señalan la falta de evidencia sobre la viabilidad técnica y los impactos sociales de estas soluciones.
Los investigadores reconocen la preocupación por proteger a menores frente a contenidos dañinos, pero advierten de que los sistemas actuales pueden ser eludidos mediante herramientas como VPN, cuentas prestadas o compradas, credenciales falsas y técnicas de inteligencia artificial. Esa facilidad de elusión, según la carta, puede llevar a que usuarios bloqueados migren a plataformas menos reguladas y potencialmente más inseguras.
Sostienen que una verificación realmente robusta exigirá una infraestructura global de confianza basada en certificados oficiales y criptografía potente, cuyo despliegue interoperable y global resulta poco probable en el corto plazo. Además, alertan de que no existe consenso científico que pruebe que restringir el acceso a ciertos servicios mejore la salud mental o el desarrollo de menores.
También advierten que varios métodos de estimación de edad, especialmente los que usan biometría o análisis de conducta, requieren mayor recopilación de datos personales, incrementando riesgos de filtraciones y brechas de seguridad. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial, añaden, pueden discriminar a minorías y cometer errores significativos.
La posible limitación o regulación de herramientas como las VPN podría debilitar la seguridad digital de profesionales, activistas, víctimas de abuso y empresas, según los firmantes. Además, la exigencia de pruebas de edad puede excluir a quienes carecen de identificación digital compatible, de dispositivos adecuados o de alfabetización digital, así como a personas mayores, ampliando desigualdades.
Ante estos riesgos, los autores de la carta reclaman estudios sistemáticos de impacto en los países donde ya se aplican controles de edad y una moratoria hasta contar con evidencia científica sobre beneficios y daños. Proponen, en su lugar, explorar alternativas menos invasivas.
Entre las alternativas que señalan figuran regular prácticas algorítmicas en redes sociales, reforzar herramientas parentales y dirigir medidas a las causas estructurales del daño en vez de imponer controles de acceso generalizados. Los firmantes piden que las decisiones políticas se basen en evaluaciones rigurosas antes de implementar soluciones tecnológicas a gran escala.
