La desaparición de personas sigue siendo una prioridad para autoridades y familiares en México, reconoció la presidenta, que dijo que el fenómeno requiere respuestas focalizadas a nivel local y nacional. La mandataria aseguró que su gobierno ha modificado el modelo de investigación para atender esta problemática.
La presidenta pidió distinguir las desapariciones políticas de las décadas de 1970 y 1980, vinculadas a la represión estatal, de las actuales, que atribuyó principalmente a grupos del crimen organizado. Señaló que existen otros motivos en casos aislados, como pasiones, pero que son minoritarios.
Tras el hallazgo en Teuchitlán de un presunto sitio de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes, el Ejecutivo decidió cambiar el modelo de atención a colectivos y a las familias que buscan a sus desaparecidos. Entre las medidas indicó la obligación de abrir una carpeta de investigación desde la denuncia inicial.
También se fortaleció un sistema de alerta que activa notificaciones en aeropuertos, puertos, bancos y redes de transporte para intentar localizar a la persona en las primeras horas después de la denuncia. La presidenta afirmó que muchas personas han sido localizadas y que en promedio pueden transcurrir alrededor de tres meses para hallarlas.
Cuestionada sobre posibles vinculaciones de fuerzas de seguridad en algunos casos, la mandataria sostuvo que el Estado tiene la capacidad de investigar y sancionar a sus propios elementos. A la vez, subrayó que hoy no existe una política de desapariciones por parte del Estado como la de épocas pasadas.
México enfrenta una crisis con más de 130.000 personas no localizadas, según registros oficiales, y los colectivos de familiares mantienen la presión para exigir verdad, justicia y el fin de la impunidad.
