La escalada militar en Medio Oriente podría repercutir directamente en la economía local al elevar la pobreza y presionar servicios básicos, según proyecciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que estima que más de 30 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza en todo el mundo.
El organismo advierte que la crisis genera efectos económicos en cadena que golpean con especial dureza a las poblaciones más vulnerables, especialmente en países con menor capacidad fiscal para absorber el aumento de los precios de la energía y los alimentos.
El análisis del PNUD contempla varios escenarios, desde interrupciones de corta duración hasta choques prolongados de hasta ocho meses; en el más adverso, calcula que hasta 32 millones de personas podrían caer en la pobreza en 162 países.
Aunque los efectos más agudos se concentran en los países directamente implicados y en los importadores de energía, el informe prevé consecuencias negativas significativas a largo plazo en economías de ingresos bajos y medios, incluidas regiones alejadas como el África subsahariana, Asia y pequeños Estados insulares.
En la sexta semana de la ofensiva, y pese a una tregua, el impacto pasa de una fase aguda a una prolongada, lo que eleva el riesgo de un aumento sostenido de la pobreza global si el conflicto se mantiene.
El PNUD subraya que un conflicto puede deshacer en semanas avances construidos durante años, y que la crisis obligará a muchos gobiernos a elegir entre estabilizar precios o financiar servicios básicos como salud, educación y empleo.
Los países con menor margen fiscal son los más expuestos a estas tensiones, lo que agrava desigualdades existentes y limita la capacidad de respuesta de las políticas públicas.
Como medidas de mitigación, el PNUD recomienda transferencias monetarias temporales y dirigidas para proteger a los hogares más vulnerables, con un costo estimado de hasta 6.000 millones de dólares en el escenario más extremo, así como subsidios focalizados o vales para consumo energético básico.
El organismo desaconseja, en cambio, subsidios energéticos universales por beneficiar en mayor medida a hogares de mayores ingresos y resultar financieramente insostenibles.
