Al menos 13 líderes del crimen organizado que fueron enviados a Estados Unidos entre 2025 y 2026 han solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores su intervención para recibir asistencia consular y ser repatriados. Esta situación ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad mexicana.
El abogado de estos individuos, Marco Antonio Avilés, acusó al gobierno mexicano de permitir un «intervencionismo» por parte de Estados Unidos al enviar a sus clientes sin seguir el debido proceso de extradición. Avilés destacó que esta entrega de 92 personas es solo el principio de un proceso que, según él, ha violado tratados internacionales, así como la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.
El abogado también manifestó que el Instituto de Mexicanos en el Exterior, que fue encabezado por Tatiana Clouthier durante el periodo en cuestión, no proporcionó la asistencia jurídica necesaria a los detenidos. Según Avilés, muchos de estos líderes no han podido comunicarse adecuadamente con México y saben que sus derechos han sido vulnerados.
Entre las restricciones que enfrentan los detenidos, se mencionó que no pueden recibir visitas familiares debido a la negación o revocación de visas. También se ha informado que no les están permitidas las videollamadas ni llamadas ordinarias, ya que se encuentran en un régimen de excepción por ser catalogados como «narcoterroristas».
Es relevante mencionar que el gobierno mexicano entregó a 92 líderes criminales en tres diferentes vuelos entre 2025 y 2026, con nombres destacados como Rafael Caro Quintero y Miguel Treviño Morales, conocidos en el ámbito del crimen organizado.
