Colectivos de buscadores han denunciado que el gobierno de México está estigmatizando y criminalizando las movilizaciones realizadas recientemente en el contexto del Mundial de fútbol. Las organizaciones, como Luz y Esperanza y Entre Cielo y Tierra, han rechazado la idea de que haya «intenciones ajenas» detrás de la llegada de familias de Jalisco a la Ciudad de México.
En una misiva conjunta, exigieron el cese de acciones que busquen disuadir sus manifestaciones, manifestando que estas familias realizan un ejercicio legítimo de su derecho a la protesta pacífica. Resaltaron que buscan visibilizar la crisis de más de 134,000 personas desaparecidas en el país, señalando que la respuesta del Estado ha sido sistemática para deslegitimar sus acciones.
Durante la primera movilización vinculada al Mundial, los integrantes del colectivo Flores en el Corazón intentaban llevar a cabo una «cascarita antimundialista» cerca del Estadio Nemesio Diez, pero fueron rodeados por elementos policiales que impidieron su avance.
En Puebla, el colectivo Voz de los Desaparecidos también fue objeto de represión, siendo encapsulados por 300 elementos antimotines mientras realizaban actividades de difusión de fichas de búsqueda. Varias integrantes fueron despojadas de sus pertenencias y se les notificó que debían comparecer ante la fiscalía el día de la inauguración del Mundial.
Los colectivos denunciaron que el contingente de Ayotzinapa fue retenido en la caseta de Tlalpan bajo argumentos de «seguridad nacional» y que se presentaron irregularidades durante la revisión de un autobús, así como la presencia de un supuesto infiltrado. Afirmaron que estos incidentes son parte de un patrón coordinado que obstaculiza el derecho a la manifestación en un momento de alta visibilidad internacional para el país.
Asimismo, rechazaron los pronunciamientos de la Secretaría de Gobernación sobre investigar el origen de los apoyos económicos de las familias de Jalisco que llegaron a la Ciudad de México, cuestionando la insinuación de que su movilización pudiera estar orquestada con motivos distintos a los que ellas mismas declaran. Consideraron este acto como una estigmatización pública que desvía el debate de la crisis de las desapariciones.
Por ello, los colectivos exigen al gobierno federal que detenga las declaraciones estigmatizantes, garantice el derecho a la protesta y evite que las familias buscadoras enfrenten obstáculos en su lucha. También demandan claridad sobre la cadena de custodia de los artefactos hallados en la retención del contingente de Ayotzinapa y la garantía de seguridad para los colectivos procedentes de Jalisco.
