El Partido Verde Ecologista de México considera que la reforma constitucional en bienestar animal, publicada en diciembre de 2024, es un avance significativo que establece la obligación del Estado de proteger y cuidar a los animales. Sin embargo, el partido advierte que este reconocimiento no será suficiente si no se acompaña de un marco legal sólido.
Según su análisis, el cambio constitucional sentó las bases para fortalecer el trabajo de las instituciones públicas, pero aún se registran casos de maltrato que revelan falencias en su aplicación y la capacidad de sanción. La iniciativa “Ley Pay de Limón”, presentada en octubre de 2025 por el senador Waldo Fernández, busca endurecer las sanciones por actos de crueldad animal, dotando a las autoridades de mejores herramientas para abordar el problema.
La ley lleva el nombre de un perro mestizo que sufrió tortura en 2011 y ha simbolizado la lucha contra la crueldad animal. El partido enfatiza que la propuesta legislativa tiene como objetivo reducir la distancia entre el reconocimiento constitucional y su implementación efectiva, mediante mecanismos más rigurosos de sanción y prevención.
La efectividad de la reforma dependerá de la capacidad del Congreso y las instituciones para traducir este marco constitucional en resultados tangibles para el bienestar animal. El Partido Verde asegura que este cambio representa un momento crucial para la protección de los animales en el país.
