La próxima contienda electoral en 2027 no solo decidirá las gubernaturas y el Poder Legislativo, sino que también implicará un enfoque estratégico hacia el control de ciudades clave. Actualmente, surgen tensiones entre gobiernos locales y la dirigencia de Morena, con negociaciones en curso que buscan permitir que algunos funcionarios continúen en sus cargos mientras realizan labores proselitistas.
Claudia Sheinbaum ha advertido que los funcionarios con responsabilidades gubernamentales deberán presentar sus renuncias o solicitar licencias para postularse en los próximos comicios. Esta directriz ha llevado a la renuncia de varios representantes, incluyendo a figuras clave del Senado y San Lázaro, así como a miembros de su propio gabinete, como Esthela Damián, quien aspira a gobernar Guerrero.
Dentro del gabinete, nombres como Bolaños, Delgado y Zoé Robledo emergen como potenciales candidatos para San Lázaro. En contraste, algunos líderes locales de alcaldías están buscando evitar la necesidad de licencia, lo que les permitiría mantener el control distrital y asegurar una estructura sólida para cumplir con las expectativas de la dirigencia nacional en términos de victorias electorales.
Fuentes vinculadas a la Cuarta Transformación (4T) sugieren que, a diferencia de la oposición, cuyas campañas a menudo se realizan sin renuncias, los militantes de Morena están en desventaja en términos de recursos y territorialidad. Esta situación ha permitido al PRI y al PAN obtener buenos resultados en importantes ciudades capitales, utilizando su ventaja estatal.
La estrategia actual de la alianza oficialista busca modificar esta tendencia, iniciando diálogos internos para cambiar la dinámica de las campañas. El objetivo es evitar la exigencia de licencias en 2027, lo que permitiría a los candidatos contar con mayores recursos y estructuras en las localidades donde aún no ha tenido éxito la 4T.
