La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho pública una nueva evaluación sobre el caso Ayotzinapa, en la que sostiene que «no existe evidencia objetiva» que confirme la participación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la desaparición forzada de los normalistas. Este hallazgo se presenta como un punto álgido en un contexto de tensiones entre distintos actores institucionales.
La Recomendación 208VG/2026 de la CNDH se contrapone a las conclusiones del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en 2023. Este desfase complicará el regreso de las autoridades internacionales a la investigación, situación que podría consolidar la narrativa en torno a la eficacia del poder ejecutivo en temas de derechos humanos.
El GIEI ha denunciado falta de colaboración por parte de la Sedena y retenido información desde el inicio de su intervención. Por su parte, la CNDH respalda la postura del Ejército, calificándolo como una dependencia «con plena apertura y disposición para colaborar».
A lo largo de sus indagatorias, la CNDH ha registrado diversas inconsistencias. En su más reciente informe, reconoce a 92 estudiantes como víctimas de violaciones graves a derechos humanos, superando las 83 que se documentaron en 2018. Este aumento incluye 40 casos de desaparición forzada, seis ejecuciones, así como víctimas de torturas y lesiones.
El informe destaca que entre las víctimas directas se menciona a Julio César Mondragón, cuya muerte fue inicialmente atribuida a la fauna depredadora; sin embargo, la recomendación de 2026 señala que fue víctima de tortura antes de ser ejecutado. Este cambio en la narrativa es notable y resalta las variaciones en la interpretación de los hechos a lo largo del tiempo.
Desde el inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha evidenciado una narrativa que parece proteger a la Sedena, lo que plantea interrogantes sobre el papel de las instituciones y el consenso partidista en la resolución de este caso emblemático. A medida que se intensifican las discrepancias entre diferentes entidades, la búsqueda de justicia por parte de las familias de las víctimas continúa siendo una cuestión de primer orden en el ámbito de la diplomacia y el respeto a los derechos humanos.
