Al menos 30 organizaciones ambientales y comunitarias han rechazado la evaluación del gobierno sobre el uso de la fracturación hidráulica, conocida como «fracking», exigiendo su prohibición en todo el país. Consideran que el comité científico que realizó la evaluación dejó fuera a las poblaciones afectadas y no presentó pruebas de que las nuevas tecnologías eliminen los riesgos asociados.
El pronunciamiento se da tras la propuesta de un grupo de expertos convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sugirió continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, situadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque la técnica fue descartada en la región de Tampico-Misantla, las ONG advierten que la exploración en las otras cuencas podría poner en peligro a comunidades del noreste del país, ya vulnerables por la escasez de agua.
Demandan una prohibición del fracking como una medida esencial para garantizar el derecho a un medio ambiente sano y a la salud. Asimismo, cuestionan la composición del comité, argumentando que no incluye a representantes de las comunidades afectadas ni a expertos en derechos humanos y epidemiología.
En su comunicado, las organizaciones critican que el comité centrara su evaluación en cómo utilizar la técnica con menor impacto, en lugar de determinar si debería ser prohibida. Rechazan también los argumentos de que el uso de agua salada, reciclaje y nuevos aditivos puede mitigar los daños, indicando que esas alternativas son aún experimentales y carecen de respaldo científico sólido.
Además, subrayan que la inyección de aguas residuales en pozos puede contaminar acuíferos y provocar sismos, mientras que su tratamiento resulta costoso y no siempre elimina contaminantes. Una investigación reciente apunta que explotar apenas el 10% de los recursos de gas no convencional requeriría más de 25 mil pozos y casi 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Las organizaciones estiman que más de seis millones de personas residen en zonas con potencial de extracción o en áreas influidas por estas actividades, alertando que ocho de cada diez litros necesarios para el fracking se utilizarían en condiciones de grave riesgo hídrico. Este pronunciamiento fue respaldado por grupos como la Alianza Mexicana contra el Fracking y Greenpeace México.
