La Consejería Jurídica de Presidencia debe buscar y, en su caso, dar a conocer los informes presentados por la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en agosto de 2022 y septiembre de 2023, así como sus anexos y cualquier documento de soporte utilizado para su emisión (videos, entrevistas, mensajes entre personas claves, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones, cuestionarios, entre otros), resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el proyecto de resolución ante el Pleno, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas recordó que el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas fue uno de los compromisos que generó más expectativa al inicio de la actual administración federal y para el cual se creó dicha Comisión.
Sostuvo que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta conocer la verdad de los hechos y lograr la reparación del daño a los afectados, por ello, la importancia de abrir información relacionada con el caso.
«Estos informes que se están solicitando, son informes que continuamente los han hecho públicos; se nos ha informado sobre este caso; se han hecho las denuncias correspondientes y se han informado, entonces, la información existe», recalcó.
Del Río Venegas dijo que, por las resoluciones de este organismo garante, se ha podido abrir información sobre el caso Ayotzinapa.
«Gracias a la existencia de institutos como el INAI se ha podido abrir información a la sociedad por ser un caso de máximo interés; esa es la importancia del INAI. Entonces, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal deberá de atender esta resolución y entregar la información que se solicita del caso Ayotzinapa», afirmó.
En respuesta a la solicitud formulada por una persona, la Consejería Jurídica indicó que no había registro o constancia alguna sobre la información requerida.
Inconforme, la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que la dependencia no buscó en otras áreas competentes ni en los archivos de la Presidencia de la República.
Al presentar sus alegatos, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto.
Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de la Comisionada Del Río Venegas determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes.
Advirtió que, si bien la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes requeridos, al haber ejercido sus atribuciones tanto en juicios de amparo como en la presentación de denuncias relacionadas con el Caso Ayotzinapa, puede conocer la información, sobre todo, porque está inmersa en esos procedimientos.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y le instruyó hacer una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes.
