Morena, el partido político en el Congreso de la Ciudad de México, está impulsando una iniciativa para regular formalmente la actividad de los influencers. La propuesta contempla la creación de una Ley General para Regular los Servicios de Contenido de las Plataformas Digitales, que incluye sanciones que pueden ascender hasta 1.1 millones de pesos, además de la posible suspensión de canales por la difusión de contenido prohibido.
La iniciativa busca establecer un marco legal que garantice un “entorno digital seguro y responsable”, adaptando la legislación a la creciente influencia que tienen los creadores de contenido en las decisiones de consumo. Se argumenta que las recomendaciones ofrecidas por los influencers a menudo carecen de la calidad prometida.
Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la falta de transparencia en la publicidad. Los influencers estarían obligados a etiquetar claramente cualquier publicación comercial con el término #Publicidad, y se les prohibiría difundir información falsa o no verificada sobre los productos que promocionan. Además, se establece la restricción de participación de menores como creadores de contenido sin el consentimiento expreso de sus tutores.
La propuesta también prohíbe la difusión de contenidos que simulen ser opiniones independientes mientras que en realidad sean anuncios pagados, discursos de odio, desinformación sistemática o material manipulado digitalmente.
Asimismo, se plantea la creación de una Plataforma Nacional de Seguimiento del Contenido de Influencers, donde cualquier persona podrá presentar quejas sobre publicaciones que promuevan la discriminación, afecten la dignidad o pongan en riesgo la salud. Las denuncias se canalizarían a autoridades competentes que determinarán si procede la sanción correspondiente.
Las multas podrían duplicar las ganancias obtenidas por contenido perjudicial. En caso de que el influencer no reciba remuneración económica, las sanciones oscilarían entre 500 y 1,000 UMA, lo que representa un rango de 54 mil a 108 mil pesos.
La legisladora detrás de la iniciativa asegura que el objetivo no es silenciar a nadie, sino modernizar el marco legal y alinearlo con prácticas internacionales, especialmente considerando que más de 100 millones de mexicanos están conectados a internet durante aproximadamente siete horas al día, y el 56% ha adquirido productos por recomendación de influencers.
