El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizará la próxima semana una visita a México para evaluar el aumento de personas desaparecidas y la creciente crisis forense que afecta al país. La misión buscará reunirse con autoridades, organizaciones humanitarias y colectivos de búsqueda para revisar medidas de atención a víctimas y de investigación.
La visita se produce en un contexto de tensión entre el gobierno federal y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), tras un informe del comité que pidió llevar el caso de México a la Asamblea General para considerar medidas de prevención, investigación y sanción. Esa solicitud fue calificada como una decisión sin precedentes por observadores internacionales.
La presidenta anunció que se reunirá con el alto comisionado y que Türk sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades han señalado que informarán sobre las acciones emprendidas para apoyar a víctimas y atender delitos de desaparición, y que también recibirán las observaciones del Alto Comisionado.
La Oficina del Alto Comisionado y el CED son organismos del sistema de la ONU independientes entre sí, por lo que la visita no necesariamente modificará la postura del comité respecto a la situación mexicana. México ha recibido antes visitas de altos comisionados, enmarcadas en procesos de supervisión y diálogo internacional.
La llegada de Türk coincide con recientes hallazgos de restos óseos localizados por colectivos de búsqueda en las afueras de la capital; la fiscalía local indicó que los fragmentos podrían corresponder al menos a tres personas. En Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores informó la localización de piezas dentales y otros indicios óseos en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, sitio intervenido previamente por la Fiscalía General de la República.
Activistas han cuestionado la lentitud de las investigaciones relacionadas con Rancho Izaguirre, que señalan fue utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación como centro de entrenamiento. Esas críticas se suman a demandas de mayor eficacia en las pesquisas y de resultados que permitan identificar restos y entregar información a familias de víctimas.
El gobierno rechazó duramente el informe del CED, argumentando que omitió acciones emprendidas por las autoridades y que se basó en casos de un periodo anterior que, según esa versión, fueron extrapolados a la actualidad. También desestimó la posibilidad de que en México se estén cometiendo desapariciones forzadas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, al considerar que dicho tipo penal requiere ataques sistemáticos del Estado contra la población civil.
El CED expresó preocupación por la crisis forense en México, donde existen más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues y fosas comunes. El presidente del comité defendió el rigor del análisis, afirmó que el examen contempla la evolución de la situación hasta el presente y subrayó la importancia de mantener el respeto institucional en el diálogo entre organismos y Estados.
El problema de las desapariciones tiene raíces en décadas pasadas y se acentuó desde 2006 con la estrategia de combate frontal al crimen organizado, cuando las cifras comenzaron a dispararse. La visita del Alto Comisionado se inscribe en ese marco de preocupación pública y búsqueda de soluciones institucionales.
