La apertura de una investigación por presuntas irregularidades en las contrataciones del Poder Judicial de la Federación afecta directamente la gestión de adquisiciones y servicios del órgano, con repercusiones en procesos de licitación que se desarrollan en la capital del país. La indagatoria fue iniciada por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), lo que pone el foco en la transparencia de las compras y arrendamientos institucionales.
La investigación fue autorizada por el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibiera una denuncia anónima. El expediente fue registrado bajo el folio CAJ/DGI/INV/270/2025 y motivó la actuación administrativa correspondiente.
El OAJ informó que, mediante un Acuerdo General en materia de adquisiciones, realiza el seguimiento de las licitaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que corresponde al Poder Judicial de la Federación. Ese marco establece normas y procedimientos para la contratación pública dentro de las distintas instancias judiciales.
Según el acuerdo, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina deben sujetarse a las disposiciones establecidas. El texto prevé la participación de ciudadanos como observadores en los procesos y contempla la figura de testigos sociales, quienes ya han entregado observaciones sobre procedimientos de licitación a la Presidencia del OAJ.
El órgano también solicitó el acompañamiento de la Contraloría de Administración Judicial, que ha venido revisando anexos técnicos y brindando asesoría en las licitaciones. La Contraloría asegura haber velado por el apego a las normas vigentes y por la transparencia en los actos relacionados con las contrataciones.
La investigación permanece en curso bajo la coordinación del OAJ y con la colaboración de las áreas de control interno señaladas, en tanto se determinan responsabilidades y se definen las medidas administrativas que correspondan.
