Organizaciones civiles y activistas han propuesto modificar el capítulo de comercio digital del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), argumentando que las reglas actuales obstaculizan la investigación de la violencia digital y limitan el acceso a la justicia para las víctimas. Esta iniciativa se presenta en el contexto de la revisión del T-MEC, programada para este año.
Las modificaciones sugeridas se centran en los artículos 19.12, 19.16 y 19.17. Según los proponentes, las disposiciones actuales benefician a las grandes plataformas tecnológicas en detrimento de la protección de derechos humanos, al no obligar a estas empresas a someterse a la jurisdicción de los países donde operan.
Marcela Hernández, de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, resaltó que la atención a la violencia digital es insuficiente, dado que el foco de la negociación se centra en sectores como la agricultura y la industria automotriz. Destacó que la violencia digital no tiene fronteras y requiere respuestas coordinadas.
La activista Olimpia Coral Melo alertó que hasta el 73% de los casos documentados de violencia digital en México no han avanzado judicialmente, debido a la falta de evidencias y las dificultades para acceder a información de plataformas digitales. Expresó su anhelo de contar con un tratado internacional que ofrezca soluciones claras para quienes han sufrido violencia en línea.
Carmen Quijano, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, subrayó los retos que enfrentan las víctimas para identificar a los responsables de agresiones cuando la información relevante está en manos de grandes tecnológicas, a menudo situadas fuera del país.
Datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2026 indican que cerca de 19 millones de mexicanas de entre 18 y 30 años han sufrido violencia digital. Esta preocupación fue abordada en el documento «Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales», respaldado por diversas organizaciones y especialistas.
