La Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa han solicitado al gobierno de Claudia Sheinbaum que cese la protección a Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, ambos acusados de narcotráfico y de vínculos con el grupo criminal Los Chapitos por parte de autoridades estadounidenses.
Ambas organizaciones destacaron la urgencia de que el gobierno cumpla con los tratados internacionales y proceda con la extradición de Rocha Moya, advirtiendo que la falta de acción está generando consecuencias negativas para el país.
Ricardo Beltrán Verduzco, representante de los abogados, cuestionó la estrategia de protección hacia Rocha Moya, subrayando los efectos adversos que esta situación tiene para el pueblo mexicano.
Desde febrero, la Alianza Mexicana de Abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada en contra de Rocha Moya, antes de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos.
Los abogados expresaron su deseo de que se actúe sin más demoras y aseguraron que los montajes no son suficientes y que se debe proceder conforme al tratado de extradición.
El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación contra Rocha Moya e Inzunza, junto a otros funcionarios, por supuestos delitos relacionados con narcotráfico y armas, vinculándolos al Cartel de Sinaloa y a Los Chapitos.
El gobierno ha confirmado el bloqueo preventivo de las cuentas de los acusados, explicando que esta medida es resultado de las órdenes de arresto emitidas en Estados Unidos, y no de una investigación interna.
