En Japón, un tribunal de Nara condenó a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, un caso que conmocionó al país y reavivó el debate sobre los vínculos entre políticos y la Iglesia de la Unificación. La sentencia subraya la repercusión local y nacional de un hecho cometido durante un acto electoral en la prefectura de Nara.
El presidente del Tribunal señaló que el ataque, en el que el acusado esperó la oportunidad para apuntar con un arma a la víctima, fue «despreciable» y de una malicia extrema, y advirtió del alto peligro que supone utilizar una pistola en una multitud. El veredicto, acogido por el condenado con semblante cabizbajo, se ajusta a la petición de la fiscalía.
La defensa había solicitado una pena menor, no superior a veinte años, alegando que la infancia «trágica» de Yamagami y los supuestos vínculos de Abe con la Iglesia de la Unificación motivaron el crimen. El acusado asumió su culpabilidad en los cargos principales, pero el tribunal consideró que la gravedad del hecho exigía la máxima pena.
Los abogados del condenado expresaron su pesar por no haber obtenido una reducción de la pena y no descartaron recurrir la sentencia ante instancias superiores. La resolución pone fin a un proceso que centró la atención pública en las motivaciones personales y en la responsabilidad penal del autor.
La viuda de Abe declaró que la sentencia marca el fin de «los largos días» desde la muerte de su esposo y manifestó su deseo de que el condenado reconozca sus actos y expíe el crimen. Akie Abe asistió a una vista del juicio pero no ejerció el derecho a interrogar al acusado, previsto para víctimas y familiares en casos graves.
El gobierno japonés, por medio de su portavoz, hizo un llamamiento a reforzar las medidas de seguridad en actos electorales, en respuesta al atentado ocurrido durante la campaña. La condena cierra una etapa judicial clave para la sociedad japonesa y plantea nuevos interrogantes sobre la relación entre política y grupos religiosos.
