En México, organizaciones de víctimas y grupos civiles podrían ver afectados derechos reconocidos si la Suprema Corte decide sobreseer un amparo promovido contra la Ley de la Fiscalía General de la República, asunto que concentra atención local por sus posibles efectos en el acceso a la justicia.
El recurso fue promovido por Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD) al considerar que la ley modificada restringió y eliminó garantías de las víctimas en el proceso penal.
La garantía corre el riesgo de ser desestimada ante la intención del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de presentar un proyecto para sobreseer el caso.
MUCD afirmó que el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz busca eliminar mecanismos de coadyuvancia y control, y que así se evade escuchar a las víctimas, lo que, a su juicio, sienta un precedente peligroso para las organizaciones que las acompañan.
La organización sostuvo que la normativa debilitó la participación activa de las víctimas mediante la coadyuvancia, el acceso a la carpeta de investigación, la posibilidad de impugnar decisiones del Ministerio Público y la adopción de medidas de protección.
También advirtió que se redujo el nivel de responsabilidad de la Fiscalía en el Mecanismo de Apoyo Exterior y en el Sistema Nacional de Búsqueda.
Según MUCD, la interpretación del proyecto sostiene que los artículos impugnados solo regulan asuntos internos de la Fiscalía y no tendrían un impacto directo en víctimas u organizaciones, lo que dejaría la delimitación de derechos al criterio de la propia FGR.
El proyecto de resolución será discutido próximamente en la SCJN.
