Rolando Daza
Apunte:
Vaya situación que se vive en México. Al nivel que se maneja la comunicación, es increíble que roben la información de la SEDENA y, lo peor, no mencionen nada o que la presidencia haga como si fuera un hecho intrascendente.
CFE e Internet para Todos empezaron a brindar servicios; para acceder a ellos, los usuarios deben entregar: CURP, RFC, INE, datos biométricos y bancarios; con el reciente hackeo por parte de Guacamaya a la SEDENA pone en alerta el resguardo de la información de los mexicanos en manos de las oficinas de gobierno.
Se tiene claro el riesgo de una vulneración de bases de datos de las empresas, crece para el gobierno y sus diversas oficinas, de dónde la gente (internos o externos) “pueden sacar información e incluso venderla”; por otra parte, diverso personal en áreas de ciberseguridad no dispone del expertis y formación para “cuidar” la información de sus operaciones.
El riesgo de filtración de datos no es la única preocupación que se asoma, está la posibilidad de que el gobierno pueda utilizar la información de sus clientes de telefonía móvil para espiarlos y no solo de los usuarios directos, también de las personas que se conectan a través de los puntos wifi gratuitos de la compañía.
De acuerdo con el directivo de Seekurity, el gobierno ya cuenta con la capacidad de escuchar y revisar las llamadas y mensajes de cualquier persona, debido a que muchas veces tiene acceso a las antenas y a los sistemas de las empresas de telefonía.
El espionaje ha tomado relevancia por el sistema Pegasus que se utiliza en el país para monitorear a periodistas y activistas sociales. El hackeo por parte de Guacamaya señala que la SEDENA ha realizado espionaje a este grupo de personas.
Con el COVID se apresuró la digitalización de las empresas, gobiernos y de los usuarios, el cambio dejó ver la vulnerabilidad de entregar y almacenar datos en sistemas operativos si no se dispone de una estrategia en términos de ciberseguridad que proteja la información digital y dispositivos.
México ha sido el país más atacado de América Latina, seguido por Brasil y Colombia. De acuerdo con Fortinet, empresa de ciberseguridad, el país sufrió 85,000 millones de intentos de ciberataques de enero a junio de este año, lo que implica un incremento de 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
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