La renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene consecuencias directas para la vida pública y las políticas del país, porque dejó en espera decisiones clave que afectan desde la política penal hasta la fiscal y administrativa en México.
En el primer periodo de sesiones, la llamada Nueva Corte, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, afronta pendientes sobre prisión preventiva oficiosa y el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La discusión sobre la prisión preventiva es central para la estrategia del gobierno federal contra la impunidad, pues entra en tensión con críticas sobre las capacidades de las fiscalías; el expresidente López Obrador se pronunció en su momento en contra de limitar esa figura.
El catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa se amplió recientemente e incluye conductas como extorsión, contrabando, uso de comprobantes fiscales falsos y delitos relacionados con precursores químicos, lo que obliga a las personas acusadas a enfrentar el proceso en prisión hasta sentencia conforme al artículo 19 constitucional.
Otro asunto suspendido es la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas sin orden judicial; el proyecto de la ministra Lenia Batres avala que ese órgano de la Secretaría de Hacienda congele recursos cuando detecte operaciones vinculadas con procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
También permanecen pendientes impugnaciones sobre la operación de aerolíneas y administración de aeropuertos por parte del Ejército y reformas a la Ley Minera.
Un proyecto de la ministra Batres que sostuvo que la falta de consulta previa a personas con discapacidad no invalida leyes generó quejas de organizaciones defensoras de esos derechos, lo que motivó a la Corte a abrir una consulta pública y a aplazar la resolución.
Las protestas sociales igualmente pospusieron la discusión de asuntos bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero García que busquen acotar el interés legítimo con el que asociaciones civiles pueden promover amparos.
Quedó pendiente también la controversia sobre el doble cobro del Impuesto al Valor Agregado a importaciones temporales de empresas maquiladoras, donde la autoridad fiscal pretende cobrar IVA en la importación y nuevamente en la venta final.
Los nuevos ministros, electos por voto popular por primera vez, están bajo vigilancia pública en su desempeño; entre las resoluciones ya adoptadas figuran casos fiscales relevantes, como la desestimación de recursos presentados por empresas asociadas a Ricardo Salinas Pliego, lo que permite al fisco reclamar una deuda por 51 mil millones de pesos.
La nueva integración del máximo tribunal también validó el cobro de un aprovechamiento a plataformas de entrega —como Rappi, Didi Food y Uber Eats— por el uso de las calles de la Ciudad de México, a pesar de las protestas de repartidores.
