Por Rosario Martínez de la Vega y Mario Villegas
Contacto Noticias
La transformación prometida por Morena parece diluirse cuando el discurso se confronta con los hechos.
Mientras la narrativa oficial del partido insiste en la austeridad, la honestidad y el combate frontal a la corrupción, documentos fiscales revisados por Contacto Noticias revelan que la diputada local de Morena, Miriam Reyes Carmona, decidió trasladar al Congreso del Estado de Guanajuato el pago de su colegiatura universitaria, a pesar de contar con un sueldo elevado financiado con recursos públicos.
La factura, emitida por una universidad privada ubicada en Irapuato, fue cargada directamente al Poder Legislativo del Estado, bajo el concepto de “gastos de operación”, específicamente en la Partida 3852, destinada —según la propia normatividad interna— a cubrir gastos relacionados con el ejercicio de funciones parlamentarias.
La pregunta no es jurídica.
Es política.
Y es ética.
¿Desde cuándo estudiar es una función legislativa?
La colegiatura universitaria no es una herramienta parlamentaria.
No es asesoría técnica.
No es gestión ciudadana.
No es trabajo legislativo.
Es una decisión personal.
Y cuando una diputada decide que su formación académica sea financiada por el Congreso, el mensaje es claro: la austeridad es para el discurso, no para la práctica.
Más aún cuando la propia legisladora no acredita estudios profesionales concluidos, y hoy ocupa espacios de decisión que exigen conocimiento técnico, preparación y solvencia institucional.
El doble estándar de Morena en Guanajuato
El caso resulta especialmente incómodo para Morena cuando se recuerda que su Secretario General en Guanajuato ha sido uno de los principales críticos de presuntos actos de corrupción cometidos por otros actores políticos, señalando el uso indebido de recursos públicos como una herencia del pasado que debía erradicarse.
La pregunta es inevitable:
¿Con qué autoridad se acusa a otros cuando en casa se toleran prácticas que benefician directamente a una diputada del propio partido?
No se trata de una ilegalidad declarada.
Se trata de incongruencia política, que en la vida pública suele ser el primer síntoma de algo más profundo.
Austeridad selectiva y privilegios disfrazados
Mientras miles de guanajuatenses pagan de su bolsillo educación, transporte y servicios básicos, una diputada local decide que su colegiatura sea absorbida por el erario, utilizando una partida presupuestal diseñada para el trabajo legislativo.
Eso no es austeridad.
Es privilegio disfrazado de trámite administrativo.
Vínculos, silencios y falta de explicaciones
En el ámbito político local existen referencias públicas y antecedentes periodísticos que vinculan a distintos actores de Morena con organizaciones religiosas como La Luz del Mundo. En el caso de la diputada Miriam Reyes Carmona, hermana del senador Emmanuel Reyes Carmona, diversos trabajos periodísticos y señalamientos en el debate público han colocado a su grupo político dentro de una dinámica en la que dicha organización ha sido señalada como un posible mecanismo de operación territorial y movilización política, particularmente en contextos electorales. Sin que exista resolución judicial que acredite una afiliación formal, el patrón descrito en medios apunta al uso de estructuras religiosas como capital social y político, una práctica que resulta especialmente cuestionable para un movimiento que se presenta como defensor del Estado laico, la ética pública y la separación entre creencias y poder.
Cuando se gobierna bajo la bandera de la transparencia, callar también es una forma de responder.
La transformación que no llegó a las facturas
Morena prometió terminar con los excesos.
Prometió acabar con los privilegios.
Prometió ser distinto.
Pero los documentos fiscales no entienden de discursos.
Solo registran decisiones.
Y en este caso, la decisión fue clara: cargar una colegiatura personal al Congreso del Estado.
En política, los símbolos importan.
Y este símbolo dice mucho más de lo que cualquier discurso puede ocultar.
Contacto Noticias continuará documentando el uso de recursos públicos en el Poder Legislativo de Guanajuato, porque la rendición de cuentas no es opcional, aunque incomode al poder.
