En Guanajuato, familiares de Alana, una niña de ocho años, denunciaron negligencia y la negativa de la Fiscalía estatal a acatar una resolución de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos tras la muerte de la menor durante un operativo.
La familia asegura que, a casi un año del incidente, no hay responsables identificados ni sancionados, que el fiscal estatal no los ha recibido y que los agentes involucrados continúan en funciones sin castigo.
El operativo en San Miguel de Allende buscaba detener a Alan Pérez, padre de la niña, por una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio en perjuicio de su hermana, en un conflicto por una herencia, según registros judiciales.
Según el relato de la familia, Pérez llevaba esa mañana a sus hijas a la escuela acompañado por dos escoltas; al ser interceptados por dos vehículos con vidrios polarizados, los escoltas habrían abierto fuego al pensar que se trataba de un posible secuestro.
Agentes de la Fiscalía dispararon contra la camioneta; una de las balas alcanzó a Alana, quien fue trasladada a una clínica donde fue declarada muerta, mientras que su padre fue detenido en el lugar.
La madre de la menor dijo haber solicitado ayuda a la presidenta de la República y aseguró no haber recibido respuesta de autoridades estatales ni federales para esclarecer el caso y garantizar justicia.
Por su parte, Alan Pérez afirmó haber logrado demostrar su inocencia respecto a la orden por tentativa de feminicidio y señaló que un juez federal le otorgó un amparo contra la vinculación a proceso por el supuesto intento de homicidio de agentes que lo acusaron de ordenar ataques.
Pérez acusó a la Fiscalía de actuar con excesiva violencia, afirmó que en la agresión se disparó más de cincuenta veces contra su vehículo y responsabilizó a los agentes por la muerte de su hija.
La Procuraduría Estatal de Derechos Humanos emitió la resolución 7322025 en la que concluye que hubo uso excesivo de la fuerza, falta de planeación del operativo y omisiones que no garantizaron el derecho a la vida; además documentó que la camioneta presentó 26 impactos de bala y que el padre fue agredido cuando ya estaba detenido.
La procuraduría solicitó compensación y atención psicológica para las víctimas, así como que la Fiscalía inicie una investigación interna y capacite a sus agentes en materia de derechos humanos; la resolución no ha sido aceptada por la dependencia, de acuerdo con los familiares.
