En Francia, los fiscales pidieron la inhabilitación política por cinco años a la líder de la extrema derecha Marine Le Pen, una medida que podría impedirle presentarse en la próxima elección presidencial.
La petición se formuló en el juicio de apelación abierto tras una condena previa por malversación de fondos del Parlamento Europeo vinculada a la contratación de asistentes durante más de una década.
Los fiscales afirmaron que Le Pen dirigió un sistema destinado a desviar fondos públicos de la Unión Europea en beneficio de su formación política. Además solicitaron un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico y una multa equivalente a unos 118.000 dólares.
El tribunal de apelaciones debe emitir su veredicto, previsto posiblemente antes del verano.
En el juicio, Le Pen reconoció que personas pagadas como asistentes del Parlamento Europeo realizaron tareas para su partido, entonces llamado Frente Nacional, y calificó esa práctica de «un error».
El proceso involucra a otros diez acusados y al partido Reagrupamiento Nacional como persona jurídica, y está programado para continuar hasta la próxima semana.
Los fiscales pidieron que se declare la culpabilidad de los responsables del partido y que se les prohíba ocupar cargos electos.
La condena anterior modificó el mapa político y puso en duda la eventual candidatura de Le Pen; si fuera declarada inelegible, ha señalado a Jordan Bardella, de 30 años, como su sucesor.
Los posibles resultados van desde la absolución hasta una nueva condena que impediría su postulación; en caso de una sanción más severa, las penas pueden alcanzar hasta diez años de prisión y multas de hasta un millón de euros.
