En Corea del Sur, un equipo especial de la fiscalía solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por un intento fallido de imponer la ley marcial a finales del año pasado. La petición se presentó en el último día de su juicio por insurrección en el Juzgado del Distrito Central de Seúl.
Los fiscales pidieron la pena máxima pese a que su aplicación es improbable debido a una moratoria de las ejecuciones que lleva vigente casi cuatro décadas. Se espera que el tribunal dicte sentencia en las semanas siguientes.
El equipo acusador sostiene que Yoon declaró la ley marcial con el propósito de mantenerse en el poder mediante el control del poder judicial y legislativo. Según la fiscalía, la medida movilizó recursos que deberían haberse destinado al bien público, lo que, a su juicio, agrava la gravedad de los hechos.
En un proceso paralelo, un fiscal especial solicitó anteriormente una condena de diez años de prisión por cargos que incluyen intento de obstrucción a la detención del expresidente. En meses anteriores también fue detenida la ex primera dama, Kim Keon-hee, por cargos de corrupción y abuso de poder vinculados a su periodo y a actividades fuera de la Presidencia.
