Un análisis del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indica que alrededor de 204 millones de personas viven en zonas del mundo controladas o disputadas por grupos armados, cifra que supera en 30 millones la registrada hace cuatro años. El estudio, que incorpora investigaciones de campo en países como Camerún, Filipinas e Irak, describe la situación cotidiana de estas comunidades como marcada por la inseguridad, la ambigüedad sobre las jerarquías locales y el temor a represalias.
El informe distingue entre 74 millones de personas que residen bajo dominio total de grupos armados y 130 millones que habitan territorios en disputa. Además, identifica 383 grupos armados repartidos en más de 60 países que generan preocupaciones humanitarias; más de un tercio de estas organizaciones participan directamente en conflictos armados y, por ello, están sujetas al derecho internacional humanitario. El CICR mantiene contacto con aproximadamente tres cuartas partes de esos grupos para negociar acceso, ofrecer asistencia y promover la protección de la población civil, aunque enfrenta obstáculos como condiciones inseguras y restricciones legales y administrativas impuestas por Estados.
La organización advierte que el colapso o la interrupción de servicios básicos —salud, educación, registro civil— agrava la vulnerabilidad de estas poblaciones. La falta de acceso confiable a servicios públicos y la imposibilidad de desplazarse con seguridad dificultan, entre otras cosas, la atención sanitaria, la escolarización y la obtención de documentos de identidad, lo que a su vez expone a las personas a maltratos, exclusión y mayor riesgo de represalias por parte de los actores en conflicto.
El CICR subraya que quien controla un territorio adquiere la responsabilidad de proteger a sus habitantes y que los costos de la guerra no pueden trasladarse a la población civil. Ese planteamiento tiene resonancia en contextos donde la presencia del Estado es débil y actores armados no estatales ejercen control de hecho; en México, por ejemplo, las discusiones sobre zonas con presencia persistente de grupos criminales y la capacidad del Estado para garantizar servicios y derechos fundamentales reflejan preocupaciones similares en materia de protección humanitaria y gobernanza.
El informe plantea la necesidad de combinar esfuerzos diplomáticos y humanitarios para asegurar el acceso y la protección de civiles, además de fortalecer mecanismos estatales de prestación de servicios y registro civil en territorios afectados, a fin de mitigar las consecuencias humanitarias y proteger los derechos básicos de las personas atrapadas en estas dinámicas.
