La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó una denuncia por el uso de documentos oficiales falsificados que habrían sido empleados para extorsionar a empresarios y proveedores durante el periodo en que Ulises Lara ocupó un cargo en la Fiscalía General de la República (FGR). El caso vuelve a poner bajo escrutinio la salida del funcionario, ocurrida el 14 de julio, y obliga a investigar si su nombre fue utilizado por terceros o si existió alguna intervención de personas vinculadas con su entorno.
El documento central de la querella está fechado el 4 de junio de 2026 y atribuía a Lara López una supuesta instrucción dirigida a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. El oficio también incluía una firma apócrifa de Buenrostro y se presentaba como una orden oficial de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para investigar a determinados empresarios.
De acuerdo con la denuncia, esa falsificación habría sido utilizada para hacer creer a los proveedores que enfrentaban procedimientos oficiales. Personas no identificadas los contactaban posteriormente con la promesa de detener las supuestas investigaciones a cambio de dinero, bajo el argumento de que Ulises Lara podía interceder ante las autoridades.
¿Qué deberá esclarecer la investigación sobre el oficio falso?
La Secretaría Anticorrupción aclaró que Raquel Buenrostro nunca emitió la instrucción contenida en el documento y solicitó indagar tanto su elaboración como a quienes lo utilizaron para obtener beneficios económicos. La investigación deberá determinar el origen del oficio, la forma en que fue distribuido y la identidad de las personas que habrían operado el mecanismo de extorsión.
La aparición del nombre de Lara ocurre semanas después de su renuncia a la FGR, donde encabezó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Su salida fue presentada como una decisión personal y no estuvo acompañada de una explicación detallada sobre sus motivos. Por ello, la denuncia agrega un nuevo elemento al debate sobre las circunstancias de su separación, aunque el expediente aún no establece responsabilidad penal del exfuncionario.
El caso también se relaciona con los cuestionamientos sobre el grupo de colaboradores que Lara consolidó durante su paso por la Fiscalía capitalina junto a Ernestina Godoy. Tras la llegada de Bertha Alcalde, la institución inició movimientos internos para desarticular estructuras vinculadas con esa etapa, en medio de indagatorias sobre presuntas redes de policías y despojo de inmuebles en Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa.
- Punto clave / Qué ocurrió: Se denunció el uso de un oficio falso que atribuía a Ulises Lara y Raquel Buenrostro instrucciones para investigar a proveedores.
- Impacto o alcance: Empresarios habrían sido amenazados con procedimientos oficiales y contactados para exigirles dinero.
- Qué sigue: Las autoridades deberán identificar a los responsables de fabricar y utilizar el documento, así como establecer si hubo participación de funcionarios.
Hasta ahora, la denuncia abre una nueva línea de investigación sobre falsificación de documentos y extorsión, sin confirmar la responsabilidad de Lara. La Fiscalía y las autoridades competentes deberán definir las siguientes actuaciones a partir de los elementos reunidos en la querella.
