En Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que si en los contratos de la empresa Seguritech se han utilizado recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede llevar a cabo una auditoría, y la Fiscalía General de la República (FGR) podría abrir una investigación penal. Esta declaración se produjo tras la exoneración del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por parte de la Secretaría de la Honestidad, la cual no investigó los 4,400 millones de pesos contratados con Seguritech ni el uso de una residencia en Houston que habitó el exgobernador y su familia.
En el contexto de una conferencia de prensa, el periodista Arnoldo Cuéllar planteó inquietudes sobre la posibilidad de abordar estos temas de corrupción. Sheinbaum respondió que la implicación de recursos federales abre la puerta a investigaciones más profundas. La situación ha ganado atención mediática, especialmente considerando informes que indican que Seguritech ha recibido más de 52,000 millones de pesos en contratos a nivel estatal desde 2012.
Pese a la considerable inversión en tecnología de vigilancia, Cuéllar expuso que en estados como Guanajuato, la tasa de homicidios y la percepción de inseguridad han aumentado, lo que pone en duda la eficacia de estos gastos. Durante la misma conferencia, Marcela Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló el proceso que deben seguir los estados al adquirir tecnología con fondos federales, asegurando que estos fondos son revisados exhaustivamente.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato aclaró que el financiamiento de Seguritech proviene principalmente de participaciones federales, no de los fondos ofrecidos por el Secretariado Nacional de Seguridad. Ante esta controversia, Sheinbaum enfatizó que la tecnología debe ser parte de un enfoque más amplio de gobernanza que incluya funcionarios públicos comprometidos y honestos.
Adicionalmente, la Secretaría de la Honestidad ha anunciado el inicio de una nueva investigación sobre el exgobernador, relacionada con la propiedad en Houston vinculada a Seguritech, tras recibir una denuncia de un periodista que presenta evidencias de conflictos de interés. La investigación se centrará en los recursos utilizados para rentar la casa, perteneciente a una empresa vinculada al exgobernador y a Seguritech.
Los recientes reportes han puesto de relieve la relación entre Daniel Esquenazi Beraha, representante de Seguritech, y el exgobernador, sugiriendo que su relación se extiende más allá de los contratos gubernamentales. Aunque la Secretaría de la Honestidad había cerrado la investigación anterior por falta de evidencias de beneficios económicos, la nueva denuncia podría reabrir el caso si se encuentran pruebas que cuestionen esa conclusión.
