Con el acompañamiento de integrantes del gremio de taxistas de San Miguel de Allende, el diputado local de Morena, Ricardo Ferro Baeza, presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la legislación de movilidad y desarrollo social de Guanajuato. La propuesta busca combatir la operación de vehículos de alquiler sin concesión ni permiso vigente, así como fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y las autoridades municipales.
El planteamiento surgió de mesas de trabajo con transportistas sanmiguelenses, quienes demandaron condiciones de competencia equitativa frente a unidades que prestan el servicio fuera del marco legal. El objetivo no es impedir que otras personas trabajen, sino establecer mecanismos de supervisión para proteger a quienes cumplen con los requisitos, cubren los costos de una concesión y dependen del taxi como sustento familiar.
Para sustentar la reforma, el legislador presentó información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Gobierno del Estado. Los datos muestran que durante 2025 se realizaron únicamente 61 inspecciones, mientras que en lo que va de 2026 se contabilizan 69. Sin embargo, la autoridad estatal no pudo precisar cuántas de esas acciones estuvieron dirigidas específicamente a detectar vehículos que operan sin concesión.
¿Qué cambiaría para los municipios y los operadores de taxi?
La iniciativa plantea facultar a las direcciones municipales de tránsito y movilidad para detectar, documentar y reportar casos de transporte irregular ante la autoridad estatal competente. Esta última conservaría la responsabilidad de aplicar las sanciones correspondientes.
El diagnóstico también señala que la Dirección General de Transporte carece de un protocolo específico para identificar y retirar automóviles que prestan el servicio de manera irregular. Además, no existen documentos que acrediten mecanismos vigentes de colaboración operativa entre el Estado y los municipios para atender el problema.
En materia social, la reforma propone incorporar expresamente a las personas conductoras de taxi dentro de la legislación estatal de desarrollo social y humano. Con ello, podrían ser consideradas en el diseño de programas públicos de apoyo al ingreso y bienestar, siempre sujetos a las reglas de operación y a la suficiencia presupuestal.
- Qué ocurrió: Se presentó una iniciativa para combatir el transporte de alquiler irregular y reformar dos leyes estatales.
- Impacto o alcance: Involucra a taxistas concesionados, autoridades estatales y direcciones municipales de tránsito y movilidad.
- Qué sigue: La propuesta deberá continuar el proceso legislativo correspondiente; la información disponible no precisa una fecha de votación.
Por ahora, la iniciativa permanece como una propuesta presentada ante el Pleno del Congreso estatal. Su eventual aplicación dependerá del análisis y aprobación legislativa, así como de la definición de los mecanismos de coordinación y supervisión que permitan atender los casos de operación sin concesión.
