Más de 5,000 indígenas marcharon en Chiapas para exigir paz y la defensa de sus territorios ante la violencia y los desplazamientos que afectan a sus comunidades. La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Los participantes, pertenecientes a los pueblos tzeltal, chol y tojolabal, denunciaron amenazas, despojos territoriales y proyectos que consideran perjudiciales para sus recursos naturales y formas de vida. La marcha, que superó los 10 kilómetros, reunió a habitantes de cinco regiones, entre ellas Chilón y Sitala’.
Al ritmo de tambores y el sonido de la caracola, los manifestantes exigieron respeto por sus territorios y el derecho a ser consultados sobre los proyectos que amenazan sus comunidades. «No reconocemos al INPI para que tome decisiones sobre nuestros procesos internos», afirmaron en una pancarta.
Organizaciones del Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, entre otros, se unieron a la causa, demandando que las decisiones sobre el territorio sean tomadas por las propias comunidades. Movidite también manifestó su rechazo a la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal, advirtiendo que las consultas realizadas carecen de seriedad y no son previas ni informadas.
La organización denunció la destrucción de recursos naturales y presuntos actos de intimidación contra quienes defienden el territorio, resaltando que las obras continúan en áreas críticas para las comunidades. Además, el Movimiento alertó sobre los riesgos de un conflicto que podría dividir a los pobladores y afectar lugares sagrados.
Durante la marcha, Amapola Gómez Morales, representante de la ranchería Segundo Jolamaza, señaló su preocupación por la pérdida de agua y recursos que sostienen la vida comunitaria. A pesar de su condición de salud, decidió participar en la movilización en defensa de las generaciones futuras.
Entre las consignas de la manifestación se escucharon reclamos por paz y una demanda clara de que las comunidades sean consultadas antes de cualquier intervención en sus territorios. «No nos pidieron la opinión», concluyó Gómez.
