Todo parecía listo para convertirse en uno de los grandes golpes contra el huachicol en México: 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, Guanajuato. Una cifra espectacular, suficiente para ocupar titulares nacionales y presentar el operativo como un resultado histórico.
Pero pasaron los días y comenzaron las preguntas.
La empresa relacionada con las instalaciones aseguró que sus operaciones son legales y que cuenta con documentación para acreditar la procedencia del combustible. La autoridad, en cambio, sostuvo que todavía debía acreditarse plenamente su origen lícito.
Y ahí está el problema.
Porque una cosa es asegurar 59 millones de litros mientras se investiga su procedencia y otra muy distinta es afirmar que se decomisaron 59 millones de litros de huachicol.
Para llamar huachicol a ese combustible hay que demostrar que es ilegal. Y si todavía se estaba revisando la documentación para determinarlo, alguien tendrá que explicar por qué se permitió que el caso fuera presentado con semejante contundencia.
En el centro de esta historia aparece Juan Francisco Vera Ayala, Fiscal Federal de la FGR en Guanajuato. La investigación terminó después en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Ese movimiento no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad, pero inevitablemente abre preguntas.
¿Qué elementos tenía la Fiscalía cuando realizó el operativo? ¿Qué documentación había revisado? ¿Qué faltaba por comprobar? ¿Quién decidió que existían elementos suficientes para presentar aquellos 59 millones de litros como combustible ilegal?
Hay versiones que señalan que la actuación de Vera está siendo revisada. Tendrán que confirmarse. Lo que sí resulta indispensable es conocer cómo se construyó un caso que pasó de ser presentado como un golpe histórico a convertirse en una discusión sobre algo tan elemental como demostrar la procedencia del combustible.
Pero tampoco puede convertirse esto únicamente en un problema de la Federación.
Guanajuato estuvo ahí.
Las autoridades estatales participaron en el operativo y respaldaron públicamente la investigación. Por eso el secretario de Seguridad, Juan Mauro González Martínez, y el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, también deben explicar qué información conocían, cuál fue exactamente la participación de sus instituciones y sobre qué elementos se construyó la versión inicial del caso.
No significa acusarlos de haber cometido una irregularidad. Significa exigir algo elemental cuando se anuncia uno de los mayores golpes contra el huachicol en la historia del país:
Que alguien responda por lo que se anunció.
Existe además otro episodio que debe aclararse.
Horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y de integrantes de su gabinete de Seguridad a Guanajuato, versiones difundidas alrededor del caso señalan que se preparaba un operativo contra policías municipales de tres municipios gobernados por Morena.
Según esas versiones, la operación habría sido detenida ante la falta de coordinación con las fuerzas federales y el riesgo que implicaba realizar detenciones de policías armados mientras la presidenta y buena parte de su gabinete de Seguridad se encontraban en Guanajuato.
Es una acusación delicada y necesita pruebas.
Pero precisamente por eso merece investigarse.
¿Existió ese operativo? ¿Quién lo ordenó? ¿Contra qué corporaciones? ¿Cuántos policías estaban bajo investigación? ¿Por qué se suspendió?
Y, sobre todo, ¿qué papel desempeñó Juan Francisco Vera?
Las respuestas no pueden depender de filtraciones o versiones encontradas.
Tienen que salir de los expedientes.
Lo mismo ocurre con los 59 millones de litros.
Si la FGR demuestra que el combustible era ilegal, deberá perseguir a todos los responsables. Y entonces habrá que preguntar cómo una operación de semejante tamaño pudo funcionar sin que nadie la detectara antes.
Pero si las empresas terminan acreditando documentalmente la procedencia legal del combustible, el problema será otro.
Y será enorme.
Porque entonces habrá que averiguar quién convirtió un aseguramiento sujeto todavía a investigación en el supuesto decomiso histórico de huachicol.
Quién se precipitó.
Quién sabía que faltaban documentos por revisar.
Quién decidió comunicarlo.
Y quién tendrá que asumir la responsabilidad si la historia que se contó resulta distinta de la que aparece finalmente en el expediente.
Durante unos días, 59 millones de litros parecían representar una de las mayores victorias contra el huachicol en México.
Hoy representan algo diferente:
59 millones de razones para exigir que alguien explique exactamente qué ocurrió en Guanajuato.
Mario Felipe Cervantes Villegas
Empresario Co-fundador Contacto Noticias
