En México se presentó una nueva demanda contra periodistas o medios de comunicación cada seis días durante 2025, para un total de 69 casos, una cifra que triplicó la registrada el año anterior, de acuerdo con Artículo 19. El aumento ocurre mientras organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que políticos y jueces recurren cada vez más a procedimientos legales para presionar, silenciar o limitar el trabajo periodístico.
Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, señaló que las demandas resultan particularmente eficaces para quienes buscan acallar críticas porque proyectan una apariencia de legalidad. El impacto alcanza a reporteros, medios locales y audiencias que dependen de información independiente para conocer decisiones de gobierno y conflictos públicos.
¿Cómo se refleja esta presión en el caso de Campeche?
El caso de Tribuna, un diario con cinco décadas de trayectoria en Campeche, ilustra el cambio en las formas de presión contra la prensa. Tras la llegada de Layda Sansores, de Morena, a la gubernatura en 2021, el periódico perdió publicidad oficial y dejó de imprimirse en 2024 debido a la falta de ingresos, aunque continuó publicando en línea.
El medio difundió críticas contra la gobernadora, algunas de ellas con ataques por razón de género y expresiones homófobas. Sansores respondió con denuncias civiles y penales contra Jorge Luis González, quien fue su editor durante tres décadas y permanece como colaborador. Las acusaciones incluyen daño moral, violencia política de género y discurso de odio.
A mediados de 2025, un proceso penal derivó en la prohibición temporal para que González ejerciera el periodismo durante dos años y en la revisión previa de sus artículos por un censor judicial. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideraron que esa medida constituye censura previa y podría sentar un precedente. González informó que apeló y que un juez suspendió temporalmente las restricciones mientras se emite una resolución definitiva.
La gobernadora ha negado perseguir o censurar a la prensa y sostiene que sus demandas buscan proteger a las mujeres. Reporteros locales, sin embargo, describen un entorno en el que las autoridades recurren a litigios para frenar publicaciones críticas.
Una preocupación que se extiende a otras entidades
La presión legal ocurre junto con un repunte de asesinatos de periodistas. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, siete periodistas fueron asesinados en 2025, cinco de ellos en menos de tres meses. En Veracruz, el reportero de nota roja Rafael León reconoció que ahora trabaja con miedo, pese a que los cargos de terrorismo en su contra fueron retirados tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Punto clave / Qué ocurrió: En 2025 se registraron 69 demandas contra periodistas o medios, una cada seis días.
- Impacto o alcance: La presión afecta especialmente a medios locales y reporteros que cubren gobiernos, seguridad y conflictos públicos.
- Qué sigue: Continúa la apelación de González y se mantiene el debate sobre una regulación federal de los derechos de las audiencias.
En Campeche, la Comisión estatal de Derechos Humanos y activistas promueven una legislación para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Mientras tanto, las demandas contra comunicadores continúan y el programa semanal de González permanece al aire por internet.
