Los lineamientos propuestos por el gobierno local para garantizar los derechos de las audiencias han generado controversia por su ambigüedad. Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), destaca que términos como “programadora” no están claramente definidos, lo que podría exceder las atribuciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Labardini explicó que la propuesta, actualmente en consulta pública, contradice la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, especialmente en lo que respecta a sanciones. Resaltó que se contempla la posibilidad de imponer multas a concesionarios por no seguir las recomendaciones del defensor de las audiencias, algo que no está permitido por la ley.
La exfuncionaria advirtió sobre la confusión que puede generar el término “programadora”, ya que la propuesta no establece límites claros para su aplicación en contenidos online. Además, enfatizó que la legislación solo puede regular ciertos servicios de radio y televisión, excluyendo plataformas digitales como YouTube.
También subrayó que la CRT y otras agencias no tienen facultades para regular los derechos de las audiencias en contenidos transmitidos por internet, debido al principio de legalidad que impera en la Constitución. En caso de que los lineamientos contravengan la ley, podrían ser declarados ilegales.
Labardini sugirió que los derechos de las audiencias deberían aplicarse igualmente a los servidores públicos que transmiten información desde espacios oficiales. Cuestionó si se exigirá a las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum estándares de veracidad y distinción entre información objetiva y opinión.
Respecto al riesgo de censura, Labardini señaló que la mayor preocupación radica en la posible autocensura de concesionarios ante la amenaza de multas. Esto podría limitar la libertad de expresión en los medios.
Por su parte, el senador Agustín Dorantes Lámbarri advirtió que estos lineamientos podrían permitir al gobierno convertirse en juez en la regulación de contenidos, lo que generaría desconfianza en la libertad de expresión de los medios. Consideró que la intervención gubernamental podría inhibir el análisis crítico de los gobiernos.
En contraste, el senador Javier Corral defendió la propuesta y no vio riesgos de censura en los lineamientos, aclarando que su diseño no implica amenazas a la libertad de expresión.
