En México, con especial incidencia en Michoacán, los principales cárteles han incrementado la letalidad de sus ataques al emplear drones con explosivos, una amenaza que afecta tanto a fuerzas públicas como a poblaciones civiles.
Organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa han incorporado esta tecnología en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico y de mensajes sobre posibles medidas más drásticas desde la vecina nación.
Analistas de seguridad señalan que los drones se suman a los ataques por tierra y representan una nueva fase táctica en manos del crimen organizado, con capacidad de golpear objetivos a distancia sin exponer directamente a sus operativos.
Según expertos, estos aparatos pasaron de desempeñar funciones de vigilancia a portar explosivos detonables a control remoto o programados, gracias al apoyo técnico de ingenieros contratados por las organizaciones.
El uso de drones con artefactos explosivos ofrece ventajas como su bajo costo, la posibilidad de realizar ataques rápidos y el alcance para recorrer distancias hacia objetivos concretos, lo que los convierte en un recurso cada vez más empleado por los grupos criminales.
Los blancos suelen incluir instalaciones gubernamentales, objetivos civiles y objetivos en confrontaciones entre organizaciones rivales; además, su empleo busca intimidar a la población y provocar desplazamientos forzados que faciliten el control territorial.
Especialistas advierten también sobre una cifra negra en este tipo de incidentes, ya que muchos ataques con dispositivos aéreos no aparecen en los registros oficiales, lo que dificulta dimensionar plenamente la amenaza.
La Secretaría de la Defensa Nacional reportó 16 ataques con drones y explosivos dirigidos contra personal militar, registrados principalmente en Michoacán, según datos oficiales divulgados por la dependencia.
Ante la tensión en la agenda bilateral, expertos sostienen que contrarrestar la amenaza de los drones debería ser un objetivo compartido entre México y Estados Unidos, lo que podría aumentar la presión sobre el gobierno mexicano pero también abrir oportunidades de cooperación tecnológica en sistemas antidrones.
No obstante, se subraya la limitación de recursos y personal en las instituciones mexicanas para enfrentar eficazmente esta amenaza emergente, lo que dificulta una respuesta sostenida y coordinada.
