El gobernador de Jalisco ha expresado su firme oposición a cualquier política que permita la invasión de propiedades en la entidad, en respuesta a las iniciativas del gobierno federal a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Estas medidas buscan regularizar la situación de personas que han ocupado inmuebles de manera ilegal o que son derechohabientes morosos, permitiéndoles acceder a esas propiedades de manera legal.
El mandatario local afirmó que tales políticas atentan contra la propiedad privada y favorecen la usurpación de bienes que ya tienen un propietario legítimo. Criticó la idea de promover la ocupación de viviendas, argumentando que esto penaliza a aquellos que han invertido su capital en dichos inmuebles.
En relación con las implicaciones legales de la ocupación indebida, el Código Penal de Jalisco establece que el despojo de inmuebles es un delito que puede acarrear penas de tres meses a tres años de prisión, además de multas económicas que ascenderían a un monto considerable. Este tipo de acciones requieren un proceso judicial formal en el que un juez determinara la culpabilidad y las sanciones correspondientes, además de posibles penas adicionales si se encuentran otros delitos relacionados.
El gobernador también ha anunciado un plan para restituir las posesiones de aquellos que han sufrido apropiaciones indebidas, haciendo hincapié en el caso de Tlajomulco, donde hay varias viviendas abandonadas o invadidas. Se busca llevar a cabo un proceso que restablezca los derechos de los propietarios originales, destacando los esfuerzos realizados por la administración local para abordar esta problemática en tiempo y forma.
