Las autoridades federales y del estado de Sonora anunciaron un plan integral para reparar los daños ambientales y a la salud provocados por el derrame de desechos tóxicos en la mina Buenavista del Cobre, que contaminó el río Sonora y sus afluentes y afectó a comunidades locales. El programa busca responder de manera directa a las necesidades de los municipios y poblaciones que sufrieron la contaminación.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que las acciones se orientan a garantizar justicia social, acceso a un entorno natural sano y atención médica para las personas afectadas, con base en un proceso participativo y en evidencia técnica. En los últimos años se realizaron reuniones con habitantes de las zonas impactadas para recoger demandas y diseñar las medidas.
El plan se estructura en tres ejes: salud, acceso al agua potable y remediación ambiental. Cada eje incorpora acciones concretas destinadas a reducir riesgos y rehabilitar los recursos naturales afectados.
En materia de salud se construirá y equipará un nuevo Hospital Regional en Ures, que contará con residencia médica, atención toxicológica y una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento de la población potencialmente afectada. El servicio será complementado con atención especializada y seguimiento clínico a quienes lo requieran.
El hospital tendrá 21 consultorios de especialidad, 60 camas de hospitalización, un área de cuidados intensivos y un laboratorio para el análisis de metales pesados. Estas capacidades buscan ampliar la atención local y la respuesta ante posibles contaminaciones.
Para garantizar el acceso al agua, la Comisión Nacional del Agua construirá 16 plantas potabilizadoras, instalará 16 sistemas de desinfección y adecuará cuatro de las seis plantas existentes, además de implementar un monitoreo permanente de la calidad del agua para consumo humano. Las obras pretenden asegurar suministro seguro y constatar la idoneidad del recurso.
En la remediación ambiental se aplicarán medidas técnicas para reducir los contaminantes a niveles seguros, incluyendo la caracterización y el análisis de suelos y sedimentos en la cuenca del río Sonora. Las intervenciones buscan recuperar áreas afectadas y controlar fuentes de contaminación.
El gobierno federal administrará un fondo de mil 500 millones de pesos para financiar la construcción del hospital, las acciones de acceso al agua potable y el plan de justicia ambiental, tras un acuerdo con la empresa vinculada al incidente. Autoridades también sostuvieron encuentros con representantes de comunidades como Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures para explicar los próximos pasos.
La Secretaría de Medio Ambiente considera que se trata del peor desastre ambiental en la historia minera del país: el derrame provocó la caída de millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por una falla en el diseño hidrológico del sistema de presas, lo que dejó asentados metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi y afectó a miles de habitantes de varios municipios de la región.
