La práctica de la corrupción, comúnmente conocida como “mordida”, ha sido un rasgo distintivo del régimen priista en México, donde funcionarios públicos se beneficiaron ilícitamente a través de acciones u omisiones que contradecían el marco legal vigente. Esta corrupción se manifestaba en diversas formas, como la omisión de inspeccionar establecimientos, la concesión de licencias a personas no aptas, la filtración de información durante licitaciones, o la falta de acciones penales ante delitos evidentes. Aunque la “mordida” no cuenta con ninguna justificación, su existencia ha sido una constante en el funcionamiento del Estado, donde la coacción estatal se empleaba para otorgar legitimidad a estas prácticas.
Desde el año 2000, durante sucesivos gobiernos de distintos partidos, la «mordida» no ha desaparecido, aunque se han alterado las tarifas y los métodos de cobranza. La indebida extracción de recursos privados por parte de funcionarios, ahora respaldados también por la coacción estatal, sigue presente en el panorama político del país.
Recientemente, ha surgido una forma más preocupante de corrupción: la extorsión. Este fenómeno se define como la capacidad de individuos y grupos del crimen organizado para obtener recursos de otros agentes, ya sean privados o públicos, a través de la amenaza de violencia. La población que busca iniciar actividades económicas, abrir negocios o incluso localizar a familiares desaparecidos se ve obligada a pagar a estas organizaciones criminales. Así, individuos involucrados en actividades legítimas deben rendir parte de sus recursos para evitar actos de despojo o agresiones físicas.
En el contexto actual, los ciudadanos enfrentan tres formas de extracción coercitiva. La primera son los impuestos y contribuciones establecidas por la ley; la segunda son las «mordidas» requeridas por funcionarios públicos bajo la amenaza de acciones estatales; y la tercera, la extorsión perpetrada por grupos delictivos que se sustentan en su propia capacidad de violencia.
La proliferación de la extorsión criminal genera una alteración significativa en la convivencia social, estableciendo un orden paralelo con tintes de legalidad, donde los delincuentes dictan las condiciones bajo las cuales los ciudadanos pueden operar. Se ha creado un marco alternativo que permite a las personas actuar a cambio de un pago, ignorando en gran medida tanto las normativas oficiales como la autoridad del Estado.
Mientras que en el pasado los funcionarios públicos podían obtener «mordidas» mediante el abuso del poder estatal, hoy la extorsión criminal establece sus propias normas y prácticas. Por lo tanto, la ciudadanía actual se ve obligada a navegar entre tres órdenes de extracción, cada uno apoyado por su propia fuerza y la promesa de «seguridad», a expensas de los derechos y bienes de las personas.
